En un mundo financiero inestable, con Estados Unidos gobernado por Trump y sus aranceles, más una vecindad de casi 3.200 kilómetros de frontera compartida con el imperio, México avanza en el marco de su Cuarta Transformación. Se la llama así porque se la vincula con la independencia, la reforma y la revolución mexicanas. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la incorporó a sus discursos y ahora va camino a profundizarla la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Es más que un eslogan de campaña de 2018 con el que Morena, la fuerza de centro izquierda, llegó al poder. Su proyecto se apoya en buena medida en la reforma judicial que el 1° de junio marcará un antes y un después. Los jueces serán elegidos por la población. Ni a instancias del Poder Ejecutivo ni por elección de los senadores.

La votación de aspirantes a ocupar la Corte Suprema, la Sala Superior del Tribunal Electoral, las magistraturas regionales, el Tribunal de Disciplina judicial y el 50 por ciento de los juzgados distritales se hará para cubrir los 881 cargos disponibles. Candidatos preseleccionados ya fueron verificados por sus antecedentes e idoneidad. La nómina asciende a 3.422 postulantes. El desarrollo de la reforma se denomina Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

La decisión de la fuerza que gobierna México desde 2018 es disruptiva y desde su concepción levantó polémicas y críticas. La oposición, el propio poder judicial afectado e incluso los gobiernos de EEUU y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio, se entrometieron con comentarios injerencistas. Ken Salazar, el exembajador de EEUU, llegó a decir que representa un “riesgo para la democracia” en agosto de 2024.

Pero la considerable legitimidad de Morena, coalición elegida con elevados porcentajes de votos y sobre todo en los últimos comicios (con más del 60 % de adhesión a nivel país y que superó el 70 % en varios estados) la hicieron sostener su reforma aún ante las críticas de intereses tan poderosos.

Algunos de los filtros que debían superar los elegibles para la votación del 1° de junio son: tener licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de ocho en las materias afines al cargo; experiencia de cinco años en la práctica jurídica y cinco cartas de recomendación. Quienes hasta ahora ocupan cargos en el Poder Judicial no debieron someterse a la misma evaluación. En ciertos estados como Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Zacatecas se tomó examen a los candidatos.

A fines de marzo, Sheinbaum declaró que “México será el país más democrático del mundo” porque su electorado votará a los tres poderes del Estado. La reforma casi que coincide con el bicentenario de la constitución mexicana de 1824. Se irá a las urnas en los 32 estados de la federación que antes aprobaron por abrumadora mayoría la iniciativa de Morena. A las críticas de la derecha y los sectores económicos más concentrados, la presidenta ya respondió en febrero: “el INE tiene que resolver cualquier falta de información o algún problema que haya”.

Aludía al Instituto Nacional Electoral. Este organismo creó Certeza INE, un proyecto multidisciplinario para combatir la desinformación electoral que circula en redes sociales y medios digitales de comunicación.

La campaña para elegir a buena parte del Poder Judicial cierra el 28 de mayo y los aspirantes a ocupar cargos no tienen acceso a fondos públicos y deben procurárselos de su propia economía. El padrón, si se toman en cuenta las elecciones que ganó Sheinbaum, asciende a casi 100 millones de electores. En la votación de 2024 que le permitió ser jefa de Estado estaban registradas 51.859.145 mujeres y 48.173.800 hombres.

Ahora deberán elegir funcionarios judiciales para cubrir los 881 cargos de esta primera etapa que se completará en 2027. La integración de la Corte Suprema bajó de once a nueve miembros y la boleta para su votación de color morado es apenas una parte de los 600 millones de papeletas que se utilizarán en estos comicios extraordinarios.

Las críticas a la reforma que fue aprobada por el Congreso mexicano en septiembre pasado, nunca bajaron su intensidad desde que AMLO la sometió a escrutinio público durante su mandato presidencial. Se dijo de la medida que en ningún lugar del mundo se elige a los jueces de la Corte Suprema por votación, que no hubo estudios previos de factibilidad y que se hizo a las apuradas.

Un think tank local, México evalúa, señaló: “se ha insistido en que la elección por voto directo de ministros, magistrados y jueces, no será la solución a los problemas en materia de justicia que arrastramos como país. Por el contrario, la forma en que se ha desarrollado su implementación, arroja un panorama en que la justicia se verá paralizada y con riesgos de ser cooptada por intereses políticos, económicos e incluso delincuenciales”.

Pero la contrapartida de esos ataques a la reforma está dada por índices alarmantes de la justicia hasta ahora vigente. Los crímenes impunes según expedientes sustanciados en 2023 alcanzaron al 93,63 % de los casos, una mejora de tres puntos con respecto a 2022 (96,3) pero que no baja desde 2018 del 90 por ciento. Las causas que tienen sentencia no superan el dígito porcentual y abarcan a crímenes como femicidios, homicidios dolosos y desapariciones forzadas. Apenas siete de cada cien casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución durante 2023, un dato de México evalúa.

Los delitos graves han sido un problema insoluble durante la presidencia de AMLO, en un país de por sí inseguro y violento desde hace décadas. Esta situación ha generado que la confianza en el Poder Judicial sea muy escasa. El 67,3% de la población considera que sus integrantes son corruptos.

En la votación del 1° de junio los partidos políticos tienen vedado hacer campaña y tampoco pueden proponer candidaturas. La iglesia, en el país de América Latina con mayor porcentaje de católicos (96%) llamó a reflexionar sobre la reforma. El poder judicial, el principal afectado por la Cuarta Transformación de Morena se abroqueló para resistirla, pero no pudo contra la legitimidad de origen que trae consigo el gobierno de Sheinbaum, una científica de 62 años y la primera mujer que gobierna el país en su historia independiente. El 16 de septiembre próximo cumplirá su 215° aniversario y ya tendrá jueces votados por el pueblo.