Megafraude inmobiliario: cuatro imputados seguirán presos en San Juan

La Justicia de San Juan resolvió este lunes mantener detenidos a cuatro de los siete imputados por la megacausa de estafas inmobiliarias que sacude a la provincia. Se trata del arquitecto Diego Reta, la abogada Mariana Pérez Bedini y los operadores inmobiliarios Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla, quienes continuarán con prisión preventiva por al menos dos meses más.

La decisión fue tomada por la jueza de impugnación Silvina Rosso de Balanza, quien rechazó los planteos presentados por las defensas para revertir la medida adoptada inicialmente por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi. El fiscal de Impugnación, Fabrizio Medici, sostuvo la necesidad de mantener la detención debido a la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implicaría la libertad de los acusados.

La investigación, que aún está en curso, involucra una red de estafas con la venta fraudulenta de lotes en al menos 24 desarrollos inmobiliarios ubicados en los departamentos de Rawson, Pocito y Rivadavia, a través de siete empresas distintas. Según la Fiscalía, desde 2016 los implicados vendían terrenos que no les pertenecían, emitían cheques sin fondos por más de $1.000 millones, y simulaban convenios con empresas de servicios públicos. Incluso habrían realizado conexiones clandestinas de agua y electricidad para dar apariencia de legalidad a los emprendimientos.

Uno de los datos más alarmantes es que muchos de los terrenos fueron vendidos hasta cinco veces a distintos compradores, generando un enorme perjuicio a centenares de víctimas.

Una de las derivaciones más relevantes del caso se conoció la semana pasada, cuando el ingeniero agrónomo Juan Mauricio Gallerano, también imputado, llegó a un acuerdo con la Justicia para reparar el daño causado a unas 300 personas. Gallerano, exintegrante de la firma Tramonto —junto a los presuntos líderes de la organización, Héctor Andrés Storniolo y Patricia Nacif—, se comprometió a urbanizar y escriturar los terrenos comercializados. Si cumple los plazos establecidos (de uno a dos años), podría evitar ir a prisión y limpiar su prontuario penal.

La causa sigue abierta y no se descarta que surjan nuevos imputados y más víctimas. Se trata, según fuentes judiciales, de una de las estafas inmobiliarias más grandes de los últimos años en San Juan.

POR LIC. EUGENIA VILA