Megacausa por estafas: imputaron al penitenciario “Tati” Jofré y a tres familiares por un perjuicio millonario

El escándalo por las estafas millonarias atribuidas al agente penitenciario Alejandro “Tati” Jofré sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La Justicia amplió la imputación y acusó a tres familiares directos del detenido: su padre, su hermana y su pareja, señalados como partícipes necesarios en una maniobra que habría afectado a decenas de víctimas y generado un perjuicio superior a los $206 millones.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías Matías Parrón, con la participación del fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y la ayudante fiscal Gabriela Blanco. Durante la exposición, el Ministerio Público informó que se incorporaron 19 nuevas denuncias a las 25 ya existentes y amplió las acusaciones contra Américo Jofré (padre), Carla Luciana Jofré (hermana) y Gabriela del Rocío González (novia del penitenciario).

Los tres fueron imputados como partícipes necesarios del delito de estafas reiteradas, aunque permanecerán en libertad mientras avanza la investigación. En cambio, el juez prorrogó la prisión preventiva de “Tati” Jofré por otros cuatro meses y ordenó el embargo de sus bienes por $206 millones, además de la inhibición general de bienes para sus familiares y su pareja. Dada la magnitud de la causa, el plazo de investigación fue extendido a doce meses.

El presunto esquema de fraude

De acuerdo con la fiscalía, Jofré habría diseñado un sistema de inversiones ficticias que abarcaba rubros como la construcción, alimentos y préstamos particulares. Con promesas de altas ganancias, lograba que compañeros penitenciarios, empleados públicos y allegados le entregaran dinero.

En una primera etapa, devolvía pequeñas sumas para generar confianza, pero luego incumplía los pagos y el dinero desaparecía. Los investigadores sospechan que los familiares colaboraron con la administración de los fondos y los movimientos bancarios que daban apariencia de legalidad a las operaciones.

Los testimonios de las víctimas

Entre los nuevos denunciantes figuran Antonio Alcaraz, empleado de Obras Sanitarias, quien aportó más de $2,6 millones; Luis Daniel Porras, que transfirió $9 millones para una falsa inversión en harina y artículos de limpieza; y Carlos Alberto Herrera, agente penitenciario que transfirió $7,5 millones, con un perjuicio estimado en $3 millones.

También se detectaron casos de penitenciarios que vendieron vehículos o bienes personales para sumarse a las supuestas inversiones. Algunas víctimas entregaron cifras millonarias, mientras que otras comprometieron todos sus ahorros.

La investigación se inició en febrero de 2025, tras la primera denuncia formal. En septiembre, Jofré fue detenido en Angaco y desde entonces permanece alojado en el Puesto Policial Chimbas Sur. Con las últimas presentaciones, la causa se convirtió en una de las más voluminosas de los últimos años en San Juan, y la fiscalía prevé nuevas citaciones en las próximas semanas.