Megacausa Expropiaciones: Graffigna habló de “persecución” y buscará anular el fallo
El abogado fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión por liderar una asociación ilícita. Afirmó que el juicio fue parcial y anticipó que apelará.
Tras conocerse los fundamentos del fallo en la megacausa de expropiaciones, el abogado Santiago Graffigna rompió el silencio desde el banquillo de los condenados. En la audiencia de este lunes, denunció ser víctima de una “persecución” judicial y adelantó que presentará un pedido de nulidad ante Casación.
Graffigna fue sentenciado a 7 años y 8 meses de prisión efectiva, acusado de encabezar una red que habría defraudado al Estado sanjuanino mediante sobreprecios en tasaciones de terrenos expropiados. En su descargo, sostuvo que el fallo «no refleja lo ocurrido en el juicio» y que sus pruebas fueron desestimadas «sin fundamentos».
“Durante tres años los medios me condenaron y cuando llegó el debate oral rechazaron todas nuestras pruebas. Esto es una persecución a un profesional por ejercer su trabajo y por llevar adelante juicios importantes”, expresó ante el tribunal.
La defensa solicitó una prórroga de 30 días para analizar las más de 5.200 fojas del fallo antes de presentar su recurso.
El proceso judicial, uno de los más extensos y complejos en la historia reciente de la provincia, involucra a exjueces, fiscales, abogados y peritos acusados de manipular tasaciones para favorecer a privados en perjuicio del erario público. Entre los terrenos comprometidos figuran zonas clave como el Parque de Mayo, Canal Benavídez y Cuesta del Viento.
Además de Graffigna, fueron condenados el exjuez Carlos Macchi, el exfiscal de Estado Mario Díaz, el abogado Horacio Alday y varios peritos oficiales. El tribunal también ordenó el decomiso de más de 13 millones de pesos en concepto de honorarios obtenidos ilícitamente, y dispuso investigar la posible participación de otros involucrados.
Graffigna cerró su defensa insistiendo en que las operaciones fueron legales: “En San Juan hubo expropiaciones durante décadas. Si el Estado paga tarde, debe actualizar valores. Eso no es fraude, es ley”.
Op: Juan Llarena
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