Mattar acusó a Naturgy de “desobediencia” y anticipó que pedirá la revocación de la concesión

Vencido el plazo de 180 días para sanear el predio en Chimbas, el juez calificó de “absurda” la conducta de la empresa y cuestionó también a los organismos de control.

Una audiencia cargada de tensión se vivió este jueves 26 de febrero en el Tercer Juzgado de Faltas de San Juan. El juez Enrique Mattar acusó a Naturgy San Juan S.A. —ex Energía San Juan— de mantener una actitud de “rebeldía” y adelantó que solicitará al Gobierno provincial la revocación de la concesión del servicio eléctrico.

La definición llegó tras cumplirse los 180 días otorgados a la empresa para limpiar, cerrar y regularizar su predio ubicado en el departamento Chimbas, sin que se concretaran las tareas exigidas por la Justicia.

“Una actitud de desobediencia”

Durante la quinta audiencia del proceso, el magistrado cuestionó con dureza la estrategia de la firma, que solicitó la nulidad de la convocatoria y presentó —a solo 24 horas del vencimiento del plazo— un pedido de prórroga ante la Secretaría de Ambiente.

“Esto es una actitud de desobediencia. No solucionar este problema con el poder que ustedes tienen de administración y gestión es un absurdo”, sentenció Mattar en la sala.

El juez fue más allá y vinculó la falta de avances en la remediación del terreno con la capacidad técnica de la empresa para prestar el servicio público en toda la provincia. “Si no tienen capacidad técnica para remediar un predio de siete hectáreas, menos la tendrán para administrar la red eléctrica”, advirtió.

El terreno en conflicto —ubicado entre calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna— funciona, según consta en la causa, como un depósito irregular de materiales eléctricos y residuos peligrosos, sin habilitación comercial ni industrial.

Críticas al Estado y antecedentes

En la audiencia también fue interpelado el subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos, Santiago Ceballos. Mattar calificó de “vergonzoso” el plazo concedido a la empresa y apuntó contra la supuesta laxitud de los organismos de control.

El conflicto por el predio lleva más de una década y se reactivó tras denuncias de firmas vecinas como Enav S.A., Mas Puchol y La Platense S.A., que alertaron sobre la acumulación de más de 1.200 metros cúbicos de escombros y la presencia de transformadores en desuso, algunos con aceites y residuos considerados peligrosos.

Además del riesgo ambiental, el lugar fue señalado como una “zona liberada” por la falta de cerramiento y vigilancia, situación que habría facilitado robos y generado preocupación en el área industrial lindante.

Un escenario abierto

Mattar anticipó que, una vez que la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso presentado por la empresa, formalizará el pedido de revocación de la concesión ante el Ejecutivo provincial.

Mientras tanto, intimará a la distribuidora para que en 24 horas obtenga las habilitaciones correspondientes, limpie y cierre el predio. Sin embargo, dejó en claro que el eventual cumplimiento tardío no modificará la evaluación judicial sobre el historial de incumplimientos.

El caso abre un escenario institucional complejo en San Juan, donde el conflicto entre una de las principales prestadoras de servicios públicos y la Justicia podría derivar en una medida sin precedentes en materia de control ambiental y concesiones provinciales.

Op: Juan Llarena

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