La fiscal coordinadora de CAVIG, Daniela Pringles, explicó que cada intervención cuesta en promedio 3 millones de pesos, considerando logística, recursos y horas hombre. “No es lo mismo evacuar una vivienda que un estadio o una escuela”, aclaró.
Lo más alarmante es que casi uno de cada cuatro llamados fue realizado por menores de edad. En tres casos se comprobó su autoría, lo que derivó en la intervención de la Dirección de Niñez. El resto de los episodios se atribuyen a adultos, aunque no todos han sido identificados.
Hasta el momento hubo tres condenas por intimidación pública, con sanciones económicas de hasta 4 millones de pesos, reparaciones simbólicas y probation. “Muchos lo hicieron como una broma, pero las consecuencias son graves y afectan a la seguridad pública”, advirtió Pringles.
La funcionaria recordó que el artículo 212 del Código Penal establece penas más severas cuando las amenazas involucran explosivos, sustancias químicas o derivan en daños físicos. “La víctima es la sociedad en su conjunto, pero el interés directamente afectado es el del Estado”, concluyó.
Op: Juan Llarena
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