La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de San Juan confirmó que actualmente hay más de 300 sumarios administrativos en curso contra efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial. Las causas incluyen faltas disciplinarias, abuso de autoridad, violencia institucional y hasta apremios ilegales.
El titular del área, Damián Villavicencio, explicó que se reciben entre 50 y 70 denuncias mensuales, aunque solo cerca del 10% se convierte en sumarios formales, tras una evaluación preliminar. De ese total, entre el 20% y el 30% derivan en sanciones, lo que representa menos del 3% de las denuncias iniciales.
“En muchos casos no se presentan pruebas suficientes, como videos o testigos, lo que dificulta avanzar con firmeza en los expedientes”, señaló Villavicencio.
Los sumarios cubren un amplio abanico de irregularidades: desde incumplimientos en servicios adicionales y desvío de patrullajes, hasta denuncias graves como violencia de género y abusos durante detenciones. En los casos más delicados, si el efectivo es condenado por la justicia con sentencia firme, se aplican sanciones como cesantía o exoneración. Si el caso está judicializado pero aún sin resolución, se puede disponer una suspensión preventiva mientras se investiga.
Casos recientes reactivan el debate
Dos episodios recientes volvieron a poner bajo la lupa el comportamiento de algunos integrantes de la fuerza.
El más grave ocurrió en la Comisaría 6ª, donde Cristian Morales, un joven detenido por una contravención, terminó internado en terapia intensiva. La UFI de Delitos Especiales imputó a tres efectivos por apremios ilegales y lesiones graves, con prisión preventiva. Los involucrados son el oficial Cristian Gabriel Aciar y los agentes Gabriel Adrián Mariño y Alejandro Emiliano González. Paralelamente, la Subsecretaría inició un sumario interno, recolectando pruebas como imágenes de cámaras y testimonios.
Otro hecho sucedió en una cancha de Zonda, donde el director técnico del equipo Picón, Matías Guerra, denunció haber sido golpeado por policías tras un partido del torneo local. Aunque el hecho no fue judicializado, la Subsecretaría abrió una investigación administrativa con base en el informe policial. Hasta el momento, no hay efectivos suspendidos por este caso.
“Incluso cuando hay intervención judicial, el sumario administrativo es la única vía para aplicar sanciones dentro de la institución”, explicó Villavicencio.
Control interno, pero con límites
Villavicencio también aclaró que no existe una cifra exacta de efectivos implicados, ya que un mismo agente puede acumular más de un sumario. Además, las suspensiones preventivas se revisan cada 30 días, por lo que el número de efectivos apartados del servicio varía mes a mes.
La Subsecretaría tiene competencia sobre todo el personal bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad y cumple un rol clave en el seguimiento del comportamiento y desempeño institucional de los agentes. No todos los sumarios llegan a la justicia, pero su existencia evidencia una creciente exigencia de control y transparencia sobre las fuerzas de seguridad provinciales.
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