La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá este lunes su sentencia en el caso por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo, una causa que podría afectar su futuro y frustrar su candidatura al Elíseoen 2027. Se le acusa de haber orquestado una trama para que los asistentes parlamentarios, asignados por la Eurocámara a sus parlamentarios, trabajaran para su partido, Agrupación Nacional.

Durante el juicio, que finalizó en diciembre del año anterior, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión —tres de ellos exentos de cumplimiento y dos efectivos, aunque sin ingreso en prisión—, además de una multa de 300.000 euros. Sin embargo, el punto más crítico para Le Pen es la petición complementaria que acompañó el pedido de la Fiscalía: cinco años de inhabilitación para cargos públicos, con aplicación inmediata, incluso en caso de apelación.

La ultraderechista calificó la solicitud de la Fiscalía como un intento de inflingirle una «muerte política«. En declaraciones al semanario La Tribune Dimanche, publicadas este fin de semana, la dirigente minimizó su preocupación. «Personalmente, no estoy nerviosa. Pero entiendo por qué la gente cree que debería estarlo. Los jueces tienen el poder de vida o muerte sobre el movimiento. No creo que lleguen tan lejos«, declaró Le Pen.

Aunque en un principio Le Pen evitó calificar el juicio como un proceso político, en los últimos días ha subrayado su impacto en la democracia. «Detrás de mí hay once millones de personas que han votado por el movimiento que represento. Millones de franceses que se verían privados de su candidata», declaró ante el juzgado.

La acusación en su contra sostiene que los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional) no trabajaban en la Eurocámara, sino para el partido. Se presentaron pruebas de que muchos apenas pisaban el Parlamento Europeo, pero sí desempeñaban funciones en la sede del partido, donde varios de ellos tenían cargos asignados.

Le Pen, en su defensa, argumentó que buscaban asistentes con compromiso político y que no diferenciaban entre sus labores parlamentarias y partidistas. Según expresaron este domingo, los abogados de Le Pen esperan una sentencia más favorable.

En el proceso también están imputadas otras 26 personas, acusadas de malversación de fondos públicos entre 2004 y 2016. Según el Parlamento Europeo, el perjuicio económico asciende a 4,5 millones de euros.