Manuel Ponte irá a juicio por evasión agravada y deberá pagar $207 millones al fisco

El empresario Manuel Ponte, expropietario de Autotransporte San Juan Mar del Plata, irá finalmente a juicio por evasión impositiva agravada. El juez federal Daniel Doffo desestimó su pedido de suspensión del proceso penal, a pesar de que el acusado había suscripto un plan de pago de 13 cuotas para cancelar una deuda de $207 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP—.

El planteo de la defensa apuntaba a que, al completar el pago, la causa quedara extinguida y Ponte evitara la condena. Sin embargo, el abogado querellante de ARCA, Patricio Escubier, se opuso a cualquier salida alternativa que no incluyera sanción penal. Doffo coincidió y fijó fecha de juicio oral para el 6 de noviembre.

El origen de la causa

El expediente se inició tras una fiscalización de la ex AFIP que detectó una maniobra de evasión agravada en el Impuesto a las Ganancias. Según la acusación, Ponte omitió declarar la venta de la empresa Autotransporte San Juan Mar del Plata y ocultó dos cuentas bancarias en España, con lo que redujo la base imponible y el monto de los tributos a pagar.

La venta se concretó formalmente el 21 de noviembre de 2014, cuando Realtic S.A. adquirió el 92% del paquete accionario y Mario Verdeguer, el 8% restante. Sin embargo, el contrato había comenzado a regir el 1 de septiembre de ese año, y el empresario nunca informó la operación al fisco.

La acusación sostiene que, además, Ponte intentó minimizar las ganancias derivadas de la venta al reclamar judicialmente un supuesto incumplimiento contractual, presentando la transacción como un acuerdo civil por apenas 1,25 millones de dólares, muy por debajo de los 240 millones de pesos que valía el negocio en 2014.

Las pruebas y el cálculo del monto evadido

Según la investigación, entre 2014 y 2016 Ponte recibió pagos parciales que no fueron declarados:

• $4.247.692 en 2014,

• $25.220.821 en 2015,

• $15.119.646 en 2016,
  además de otro pago de $800.000 ese mismo año.

El monto evadido se estimó en $32,7 millones a valores de entonces, cifra que al ser actualizada ascendió a $207 millones. De acuerdo al Régimen Penal Tributario, superar los $15 millones configura el delito de evasión agravada, cuya pena va de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión.

Rechazo judicial y antecedentes

Durante la audiencia, el juez Doffo rechazó el pedido de suspensión y aclaró que el régimen vigente al momento de los hechos “no contemplaba la extinción de la acción penal por la simple suscripción de un plan de pagos”. También recordó que Ponte ya fue condenado en 2023 por evasión simple y apropiación indebida de aportes previsionales, con una pena de 2 años y 6 meses en suspenso, lo que agrava su situación.

Por su parte, el fiscal federal Fernando Alcaraz respaldó la postura de ARCA y coincidió en que el caso debe resolverse en juicio oral y público.

Posibles escenarios

Fuentes judiciales señalaron que, por su edad —75 años—, Ponte podría cumplir una eventual condena bajo prisión domiciliaria, tal como contempla el Código Penal para mayores de 70 años.

De todos modos, el empresario deberá cancelar la deuda fiscal, bajo apercibimiento de ejecución de bienes por parte de ARCA.

La causa, que investiga la evasión de más de $200 millones y la omisión de cuentas en el exterior, se ha transformado en una de las más resonantes del fuero penal tributario de los últimos años en San Juan.