Luego de tironeos en el Gobierno, avanza la reglamentación de la reforma laboral con un cambio clave sobre los bloqueos
Las diferencias entre Santiago Caputo y Federico Sturzenegger ante un reclamo de la CGT demoraron durante semanas el dictado del decreto reglamentario. Qué postura tenía cada uno y cuál es la fórmula de la Secretaría de Trabajo que destrabó la situación
Desde hace dos semanas se anuncia como inminente la publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de la reforma laboral, pero seguía trabadoen los despachos oficiales y recién este martes se activóel expediente formal para la norma sea firmada, por lo que ahora sí saldría en los próximos días.¿Por qué estaba demorado? Fuentes oficiales, sindicales y empresariales coincidieron en que el motivo era el fuerte tironeoen el Gobierno entre un sector que quería aceptar los cambios que pedía la CGT en el decreto y otro que rechazaba la presión del sindicalismo.
El origen de la controversia dentro de la administración libertaria fue el artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas al considerar que representan una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado. Ese punto constituye un fuerte golpe contra gremios como Camioneros que utilizan habitualmente esta polémica modalidad de protesta, pero el sector dialoguistade la CGT, necesitado de tener el apoyo de Hugo y Pablo Moyano, reclamó hace semanas al Gobierno que este artículo fuera atenuadoa través de la reglamentación.
En las últimas semanas, los que no se ponían de acuerdo sobre el tema eran Santiago Caputo,el asesor estrella de Javier Milei, partidario de conformar a la CGT en la reglamentación de la reforma laboral, y el ala dura que encarna Federico Sturzenegger,ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que buscaba que la redacción final del decreto mantuviera la misma firmeza original.
El artículo que divide al Gobierno, en realidad, lo que hace es incorporar al bloqueo entre las causales del despido con justa causa, previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que un empresario pueda denunciar y gestionarla cesantía de un empleado que bloquea sin pagar la indemnización, aunque esa resolución despuéstendrá que ser dirimida por un juez. Lo que exigía la CGT era quitarle al empleador la facultad de despedir previamente al trabajador que bloquea una empresa y obligarlo a presentarse primero ante la Justiciapara hacer ese pedido.
Uno de los negociadores de la CGT admitió a Infobaeque “lo que se estuvo hablando con el Gobierno es un procedimiento judicial previopara que el juez determine si hay injuria grave en los casos de bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador”.Agregó: “Es similar al procedimiento previoque existe para el desafuero de un delegado, donde existe una intervención judicial para que la determinación sea más técnica y menos discrecional”.
Ese cambio era rechazado por los empresarios. “Es inaceptable porque desnaturalizaríala figura contemplada en la ley y volvería a convertirla en algo negociable y no taxativo”, advirtieron en la Unión Industrial Argentina (UIA), donde había alarma: el procedimiento por el que presionaba la CGT en la reglamentación del artículo 94 de la Ley Bases le hubiera dado a la Justicia del Trabajo, un poder clave para avalar o nolos despidos por bloqueos, y ese fuero, coinciden en el sector empleador, está influenciado por el kirchnerismo y suele dictar fallos adversos a los empresarios.
A Cordero le llegaron sugerenciasde entidades empresariales y de la diputada del PRO Verónica Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), para reglamentar el polémico artículo con más rigor hacia los sindicatos. “Una vez constatado el bloqueo, y si luego del preaviso (el responsable del bloqueo) no se depone la acción, el empleador queda habilitadopara despedir con justa causa a los empleados intervinientes en el bloqueo que no hayan desistido luego del preaviso”, fue la propuesta de las actuales autoridades del MEAB, encabezadas por Juan Méndez.
Los planteos sindicales y empresariales sobre la reglamentación pusieron en aprietos a Cordero, un abanderado del diálogo cuyo objetivo fue que el texto del decreto pudiera consensuarseentre las partes. Pero Santiago Caputo apuntalóla posición de la CGT y Sturzenegger se resistió a convalidar esa modificación del artículo “anti-bloqueos” en contra del empresariado. Hasta el viernes pasado, los dirigentes cegetistas que viajaron al Vaticano para ver al Papa estaban convencidos de que el Gobierno había aceptado su pedido, pero admitían que no tenían garantías sobre la redacción final. “Creo que ordenamos el capítulo laboral. La reglamentación no desprotegerá la libertad sindical ni los derechos fundamentales del trabajo.Pero veremos cómo queda”, dijo a Infobaeun jefe de la CGT.
Mientras los tironeos oficiales estaban en su apogeo, en la Secretaría de Trabajo idearon una “alternativa intermedia”para evitar las quejas de cualquiera de los sectores involucrados: no reglamentar el artículo en cuestión.La variante es la “más ecuánime”, como dicen en el entorno de Cordero, para salir de la encerrona entre la versión suavizada de la CGT y la más dura del empresariado. Y, admiten en la Casa Rosada, será la que terminaría plasmada en el decreto reglamentario.
Desde hace meses que el tema de los bloqueos sufre los zigzagueosdel Gobierno. Cuando la Ley Bases se debatió en la Cámara de Diputados, el capítulo laboral de 58 artículos sufrió una drástica poda en busca de mayor consenso político, en una jugada piloteada por el oficialismo y motorizada desde el Congreso por el diputado Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos, quien logró imponer una consigna entre sus colegas: “No incluir nada que afecte a la CGT”.Así, 42 artículos quedaron afuera del proyecto para no irritar a los gremialistas y, entre ellos, uno que modificaba el Código Penal para fijar penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.
En su afán de facilitar la sanción de la ley, el Gobierno ya había aceptado aliviarlas penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción sería reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, antes de ser suprimido, en el último borrador de la modernización laboral que iba a tratar la Cámara Baja, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desaparecióel artículo que consideraba “grave injuria laboral,como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. Pero este último punto fue añadidoen la Ley Bases por iniciativa del bloque de la UCR en el Senadoy activó las alarmasen Camioneros, uno de los principales gremios que adoptó los bloqueos como una marca registrada.
Las últimas señales del Gobierno hacia los sindicalistas fueron de una mayor intransigencia, como quedó demostrado, por ejemplo, en el conflicto en Aerolíneas Argentinas y la eliminación del “registro Moyano” para choferes de camiones, que jaquea el poder de la “patria camionera”. Ahora, todo indica que perdióel sector del oficialismo que quería pacificar la relación con los dialoguistas de la CGT, aunque tampoco ganaronlos que proponían mayor dureza contra los “bloqueadores”. Por eso, recién en los próximos días, cuando por fin salga a la luz el decreto reglamentario, podrá conocerse la reacción sindicaly, sobre todo, si Milei está más cerca o más lejos del tercer paro general.
Fuente: Infobae
Rivero. C
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