El debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico se acerca a una definición, con el Gobierno nacional impulsando la modificación la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639). Este punto ha sido el eje central de recientes discusiones, donde se hizo énfasis en que la actual legislación está actuando como un freno a proyectos de inversión minera, especialmente en grandes desarrollos de cobre (con la Provincia de San Juan como el distrito que más proyectos con gran potencial posee) que son cruciales para la transición energética global. En ese sentido, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, confirmó que, en efecto, habrá una modificación a la Ley de Glaciares, cuyo nuevo texto ya está redactado.
“Hemos trabajado muchos meses calladamente con qué va a pasar con glaciares. Hemos trabajado internamente en dar consensos. En el gobierno se estableció que lo mejor es una ley aclaratoria, es por eso que el texto ya está redactado de una manera muy elaborada“, dijo Lucero, en el Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero.
La propuesta gubernamental apunta a redefinir los alcances de la Ley de Glaciares, otorgando a cada provincia la facultad de determinar con precisión qué áreas son consideradas como ambiente periglacial. Esta descentralización busca dotar de mayor certeza jurídica a las inversiones y permitir el avance de iniciativas mineras y de hidrocarburos que actualmente se encuentran paralizadas por las restricciones de la norma.
“Básicamente va a ser un ejercicio de federalismo. La ley que tenemos fue resultado de un enfoque de país que tiene que ser gobernado desde Buenos Aires y en el peor de los sentidos. Buenos Aires no puede decirle a las provincias qué tiene que hacer con su agua. La gran línea de la ley aclaratoria es que tiene que haber decisiones de la viabilidad del proyecto basado en estudios científicos evaluada por la provincia que tiene los recursos. Es restituir a las provincias la capacidad de decidir sobre ellas”, añadió el funcionario nacionalñ
El argumento central es que la modificación es necesaria para “aprovechar las riquezas naturales” del país, una visión que ha sido compartida por los gobernadores de las provincias con mayor potencial minero, como San Juan y Mendoza.
De esa manera, que técnicamente se trata una modificación de la ley, pero objetivamente, según Lucero, es una aclatoria, ya que el sentido no modificar el objeto de la ley, sino ordenar y aclarar sus conceptos; y establecer claramente la responsabilidad de las provincias sobre la gestión de los recursos naturales y la emisión de los permisos correspondientes, además del estudio sobre cuáles son las reservas del ambiente periglaciar o geoformas del ambiente periglaciar que efectivamente producen un aporte de agua, definiendo cuáles deben ser protegidos.
El RIGI y la coordinación federal
La discusión sobre la Ley de Glaciares no se da de manera aislada, sino que está íntimamente ligada al impulso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien el RIGI ha sido promocionado como una herramienta estratégica a nivel internacional para atraer capitales, el éxito de las grandes inversiones mineras —que se estiman en el orden de los 25.000 millones de dólares— está supeditado a la resolución de tensiones regulatorias como la Ley de Glaciares. La visión es que, sin una coordinación federal que brinde estabilidad y regulaciones claras, el potencial del RIGI para el sector podría verse limitado.
En este contexto, se ha reclamado la necesidad de alcanzar una “concertación federal” para armonizar las competencias entre la Nación y las provincias. Se argumenta que el marco legal debe resolverse de manera definitiva para combinar la protección de los recursos hídricos con la certidumbre que necesitan las empresas, garantizando que el país no pierda una oportunidad histórica en el mercado del cobre y otros minerales críticos.
Impacto en el desarrollo y el futuro minero
Los proyectos que se encuentran en carpeta, particularmente los de cobre en provincias como San Juan, dependen en gran medida de esta definición legal. El sector empresarial ha sostenido que la ley, tal como está interpretada actualmente, obstaculiza sus operaciones y genera inseguridad jurídica. Por otro lado, la preocupación del sector ambientalista radica en que cualquier flexibilización o redefinición de la norma podría generar un “retroceso ambiental”, poniendo en riesgo las reservas estratégicas de agua que representan los glaciares y el ambiente periglacial.
La expectativa es que el Poder Ejecutivo impulse una solución, ya sea mediante un decreto reglamentario o una nueva ley, para alcanzar una definición que logre equilibrar la protección de estos ecosistemas vitales con la urgente necesidad de generar ingresos y empleo a través del desarrollo de la minería moderna y responsable.
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