Los Kovalivker rechazaron la acusación por el caso ANDIS: negaron haber manejado las compras y pidieron anular la investigación

La defensa cuestionó que se le atribuya responsabilidad penal por su condición de presidente de la droguería y consideró que eso vulnera el principio de culpabilidad y el derecho penal de acto. En esa línea, sostuvo que la imputación se limita a responsabilizarlo por “ser” el titular de la empresa, sin individualizar una conducta propia.

También afirmó que del análisis de los teléfonos, cuadernos, registros de ingresos a barrios privados y documentación contable secuestrados durante la investigación no surgieron comunicaciones, menciones ni instrucciones que lo involucren directamente.

Respecto de las visitas registradas en su domicilio de Nordelta, argumentó que correspondían a empresarios del mismo rubro o a vínculos sociales y que esos encuentros no constituyen, por sí mismos, indicios de una actividad delictiva.

Otro de los puntos centrales de su descargo fue la dimensión de los negocios de Suizo Argentina con la ANDIS. Según detalló, la facturación con el organismo representó el 2,14% de las ventas totales de la compañía en 2023, el 4,22% en 2024 y el 3,14% entre enero y octubre de 2025.

Con esos números, buscó cuestionar la hipótesis fiscal de que la droguería hubiera cooptado el organismo para controlar las compras de medicamentos e insumos de alto costo.

Además, destacó que Suizo Argentina tiene más de 100 años de trayectoria, cerca de 2.000 empleados y centros de distribución en distintas provincias. También señaló que cuenta con un Programa de Integridad implementado desde 2018 y adecuado a la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria.

Pidió la nulidad de la investigación y que levanten la inhibición

Entre los planteos de Jonathan Kovalivker aparece el pedido de nulidad del dictamen del fiscal Franco Picardi y de la resolución del 21 de agosto de 2025, que habilitó allanamientos, requisas de dispositivos y levantamientos de secretos bancarios y fiscales.

La defensa cuestionó el origen de las actuaciones y sostuvo que las medidas se apoyaron en audios de origen “ilícito” y “clandestino”, sobre los que también señaló presuntos indicios de manipulación o edición.

Por ese motivo, reclamó que se declare la nulidad de las pruebas y de los procedimientos que, según su postura, derivaron de ese material. También solicitó que se deje sin efecto la inhibición general de bienes que pesa sobre él. Argumentó que la medida cautelar carece de una fundamentación específica que justifique su mantenimiento. En tanto, Emmanuel Kovalivker dijo que los mensajes son de 2023 y no tienen relación con la ANDIS

Emmanuel Kovalivker cuestionó que se le atribuya participación en una asociación ilícita por su condición de vicepresidente de Suizo Argentina. En su descargo sostuvo que la fiscalía no identificó ninguna decisión, instrucción o intervención concreta de su parte en las operaciones con la ANDIS durante el período investigado, comprendido entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

Uno de los argumentos centrales de su defensa apunta a las conversaciones encontradas en su teléfono celular. Según explicó, los intercambios que le atribuyen corresponden a julio-diciembre de 2023, es decir, a meses anteriores al período de las maniobras que investiga la fiscalía.

Afirmó que esos mensajes estaban relacionados con un proyecto logístico privado con laboratorios de antibióticos hospitalarios que finalmente no prosperó y que, según su versión, no tenía ninguna vinculación con la ANDIS.

En ese contexto, también buscó relativizar el intercambio con Pablo Atchabahian, exfuncionario del organismo señalado por los investigadores como un supuesto nexo entre la droguería y las autoridades de la agencia.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, Emmanuel se había referido a Atchabahian como un “gran soldado” de Suizo Argentina. La fiscalía interpretó ese vínculo como un indicio de la relación entre el exfuncionario y la conducción de la empresa.

Sin embargo, el empresario sostuvo que los intercambios no acreditan una intervención en las compras de medicamentos de la ANDIS y que se encuentran fuera del objeto temporal de la investigación. También cuestionó que se utilicen contactos agendados, pertenencia a grupos de WhatsApp o vínculos con empresarios del sector como elementos para sostener una imputación penal.

Sobre el episodio ocurrido durante los allanamientos en Nordelta, explicó que fue interceptado cuando se dirigía voluntariamente a la casa de su hermano y remarcó que entregó su teléfono celular sin ofrecer resistencia.

Negó haber intervenido en precios y ventas al Estado

Otro aspecto relevante del descargo de Emmanuel Kovalivker fue la descripción de las funciones que desempeñó durante sus aproximadamente 20 años en Suizo Argentina.

Según explicó, estuvo a cargo de áreas vinculadas con los procesos productivos, la logística, la automatización de plantas y las mejoras tecnológicas en establecimientos de Tucumán, Junín, Ramos Mejía y Villa Lugano.

En cambio, negó haber participado en la fijación de precios, las cotizaciones, las ventas a clientes privados o las operaciones con organismos públicos, entre ellos la ANDIS.

También destacó que la facturación con el organismo representaba una porción marginal del negocio de la compañía, argumento que utilizó para cuestionar la hipótesis de una supuesta cooptación de la agencia.

Qué sostiene la fiscalía: una operatoria de $137.000 millones

Los descargos de los hermanos Kovalivker se conocen en el marco de la investigación en la que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), describieron un presunto entramado entre funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector farmacéutico.

La hipótesis fiscal sostiene que Suizo Argentina no habría sido simplemente una proveedora de medicamentos, sino que habría adquirido un papel determinante en las compras de insumos de alto costo destinados a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

“Existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A. sobre la ANDIS”, señalaron los fiscales en su dictamen.

Según la acusación, la droguería habría recibido información anticipada sobre las compras, intervenido en la definición de precios y tenido influencia sobre las adjudicaciones y los proveedores que debían cobrar.

El dictamen atribuye a Suizo Argentina adjudicaciones por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los investigadores, las operaciones estuvieron atravesadas por sobreprecios y acuerdos entre empresas para simular una competencia que no existía.

En ese sentido, los fiscales sostuvieron que “Suizo Argentina S.A. fue la firma que definió quién ganaría en cada compulsa de precios y a qué monto”. La investigación también apunta al presunto uso de Droguería Génesis como intermediaria para canalizar operaciones y a acuerdos con otras empresas para coordinar ofertas y repartirse adjudicaciones.

En cuanto a las responsabilidades individuales, a Jonathan Kovalivker le atribuyen haber actuado como presunto jefe de una asociación ilícita, además de su participación en maniobras defraudatorias contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. A Emmanuel le imputan haber integrado esa organización como miembro y haber intervenido en las restantes maniobras.

La fiscalía sostiene que las operaciones no pudieron responder a decisiones aisladas de empleados, sino que “requirieron planificación y gestión desde las altas esferas de conducción de la firma, en coordinación con las altas esferas de ANDIS”.

Ahora, los planteos de los hermanos Kovalivker buscan poner en discusión precisamente ese punto: la existencia de una intervención personal de cada uno en las maniobras que describe la acusación.

Fuente: ÀMBITO

Por: G. Herrera