Los falsos argumentos de Milei para prohibir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada

Desde muy temprano policías y personal de la Casa Militar se ubicaron en la cercanía de la puerta de ingreso de Balcarce 24, el acceso del público y periodistas a la Casa Rosada. Cuando los acreditados de prensa comenzaron a llegar les pedían que se identifiquen, si estaban en la nómina que tenían hojas impresas se les avisaba que no podían acceder ni retirar nada de que lo que hayan dejado en la sala de periodistas. No había explicación, solo repetían que “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva”, por un supuesto caso de “espionaje ilegal”. Lo cierto es que desde un tiempo a esta parte, una serie de investigaciones periodísticas fueron dando cuenta de maniobras non sanctas de funcionarios e incluso ministros como Manuel Adorni que están siendo investigadas por la justicia penal. A partir de ahí, el gobierno eligió al periodismo y a los periodistas como los enemigos a derrotar. No hay explicaciones a los hechos denunciados, sino insultos, agravios y gritos, muchos de los cuales surgen de los discursos presidenciales.

Más allá de las excusas que elaboraron los efectivos, lo cierto es que la maniobra coincidió con el evento central de la jornada: un encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con Peter Thiel, el magnate dueño de Palantir y miembro de la elite de Silicon Valley con vinculaciones al gobierno de Donald Trump, en particular, al vicepresidente JD Vance.

Thiel, que ingresó a las 14 a la Casa Rosada en medio de estrictos controles de seguridad, está interesado, entre otras cosas, en los recursos naturales y energéticos del país -principalmente que se encuentran en la Patagonia- y pensándolo como un posible refugio ante una crisis global de características desconocidas. Ante esa visita, en la que se pueden haber cerrado acuerdos estructurales que condicionen la soberanía y marquen el futuro del país, la Casa Rosada fue blindada y la prensa acreditada no pudo cubrir el evento.

La ridícula excusa del espionaje

Con “espionaje ilegal”, en tanto, el gobierno hace referencia a un informe que publicó el canal de televisión TN el domingo pasado. Allí, un periodista acreditado filmó con lentes Ray Ban Meta con cámara HD -los mismos que utilizaba la senadora Patricia Bullrich dentro del Congreso sin que nadie se lo prohíba-, para hacer una recorrida por los pasillos de la casa de gobierno.

Una vez que el informe fue publicado, el gobierno decidió sacarle la acreditación al periodista que lo grabó, Ignacio Salerno, y, por otra parte, la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial, también decidió denunciar penalmente al periodista y a la conductora del programa donde se emitió el informe, Luciana Geuna.

La causa que inició Casa Militar quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, en Comodoro Py, y los cargos presentados están vinculados a la presunta “divulgación de secretos políticos y militares”. Según la presentación realizada por la Casa Militar, el material grabado habría “vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo”.

“Casa militar actuó de oficio e hizo la denuncia. El lunes le sacó la acreditación al periodista y ayer a la noche (por el miércoles) decidimos la medida de hoy (por el jueves) para revisar cámaras y analizar otras cuestiones porque lo consideramos un riesgo para la seguridad presidencial”, explicaron desde el oficialismo como si ese fuera un argumento suficiente para, por primera vez en la historia de la democracia, dar de baja las huellas que permiten el acceso a toda la prensa acreditada en Casa de Gobierno.

La decisión la tomó Milei

Los periodistas, que tuvieron que montar salas de prensa “de emergencia”, en bares cercanos a la Casa Rosada recibieron allí a funcionarios que, off the record, aseguraron que “no ven una salida para los próximos días”. También agregaron que “no pueden hablar de plazos ni prometer nada”, porque fue una decisión que tomó la Presidencia de la Nación.

Por otra parte, desde el oficialismo tampoco explicaron por qué, si se trataba de una cuestión de seguridad nacional, no tomaron las medidas pertinentes el mismo lunes y esperaron a que pasen cuatro días para hacerlo. Coincidiendo, justo, con la visita de Thiel que los medios no pudieron cubrir.

El propio Milei, en tanto, se pronunció en sus redes sociales y festejó la censura que él mismo ordenó. El mandatario compartió en su cuenta de instagram una imagen que decía: “Excelente medida: bajaron todas las acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada”, y otras imágenes en las que se veía la foto con la cara de los periodistas y un texto que decía: “Basuras inmundas”, y “Basuras repugnantes”.

Los cuatro argumentos oficiales

Más allá de las excusas, el gobierno utilizó estos falsos argumentos para, al menos, cuatro fines.

• Primero: blindar la Casa Rosada durante la visita de Thiel, donde se cerraron acuerdos que posiblemente vayan en contra de la soberanía nacional y a favor de la entrega de recursos naturales y estratégicos.
• Segundo: para instalar otro tema en agenda que no sean los casos de corrupción que implican a los más altos funcionarios de La Libertad Avanza, entre ellos, al jefe de gabinete.
• Tercero: para no hablar de las internas dentro de La Libertad Avanza y de los problemas económicos que cada vez son más acuciantes para los trabajadores
• Y cuarto: para avanzar con la diatriba oficialista en contra de la prensa. De hecho, no es la primera vez que sucede un hecho de estas características bajo la gestión libertaria.

Un ataque con historia

Desde que comenzó el gobierno de Milei, sin embargo, el hostigamiento a la prensa es una constante. El propio presidente insulta y dice que la sociedad “no odia lo suficiente a los periodistas”.

La Secretaría de Comunicación, antes conducida por Manuel Adorni y ahora a cargo de Javier Lanari, ya quitó en reiteradas ocasiones la acreditación a distintos trabajadores de prensa por cuestiones arbitrarias y sin sentido.

También impidió, por ejemplo a Página/12, realizar coberturas de eventos como la Derecha Fest expulsándonos del mismo el año pasado, de manera intempestiva, solo por la línea editorial. Por otra parte, se trata de un gobierno que, con la complicidad del Congreso Nacional, eliminó el estatuto del periodista dentro de la votación de la reforma laboral que fue aprobada en febrero de este año.

Las protestas opositoras

Durante la tarde del jueves, con la prensa sin poder ingresar a cubrir lo que estaba pasando dentro de la Casa Rosada, un grupo de diputados de distintos sectores de la oposición se acercó a la puerta de Balcarce 50 para repudiar la decisión oficial y también hacer entrega de una carta.

Allí estuvieron, entre otros, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica ARI, Esteban Paulón, de Provincias Unidas, Romina del Pla, del FIT y Juan Marino de Unión por la Patria.

En el texto, los legisladores pidieron una audiencia con funcionarios del gobierno nacional “con carácter urgente”, para “abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones”. Y agregaron que la decisión del gobierno “constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública”.

A la vez, un grupo de legisladores convocó a una reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión el jueves 30/04 a las 10 hs en la Cámara de Diputados. Y, según explicó el diputado de UxP, Nicolás Trotta “serán invitados a la reunión entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas que vienen sufriendo agresiones”.

El repudio se generalizó entre sindicatos y entidades que nuclean a los periodistas. Hubo, entre otros, un comunicado de FOPEA, que advirtió que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”, y otro de ADEPA, que calificó la decisión del gobierno como “una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.

fuente: pagina 12

op: checo murciano