Los empresarios del Grupo de los 6 (G6) definirán este jueves la postura que llevarán la semana próxima a la reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ante la propuesta oficial de consensuar junto con la CGT la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases. Se descuenta que el sector empleador respaldará esos cambios legislativos promovidos por el Gobierno y cuestionará las objeciones efectuadas por los sindicalistas a distintos artículos de la norma.

Integran el Grupo de los 6 la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina.

Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, ya había enfatizado hace un mes, en su discurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la necesidad de “atender “las nuevas realidades laborales para adaptarse al desarrollo de nuevas y habilidades y oficios que se requieren” y, al mismo tiempo, “la adecuación de la normativa para una modernización de las relaciones de trabajo”.

En ese sentido, señaló que la UIA había planteado esa temática en su Libro Blanco para “dar respuestas al desafío de los requerimientos de un nuevo ecosistema laboral y de formalizar a quienes hoy no lo están”. “Este doble desafío requiere avanzar en agendas que Argentina aún no ha resuelto -añadió-. Las multas laborales, la litigiosidad, la desproporción de las indexaciones judiciales, los costos laborales no salariales que afectan a la productividad y a la competitividad como telón de fondo de este panorama. Nuestro país tiene no sólo alta informalidad laboral sino también tributaria, por encima del 35% y un largo estancamiento de nuestra economía y, por ende, de nuestro empleo”.

Todas esas referencias al tema laboral coinciden con el contenido de la reforma laboral contemplada en la Ley Bases e incluso Funes de Rioja defendió en el marco de la OIT un artículo criticado por la CGT que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de ese tipo de medidas de fuerza. En su presentación, el presidente de la central fabril destacó que “otro tema que se encuentra en discusión son los límites al derecho de huelga, que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por la Argentina”. Allí fue cuando mencionó que ese convenio es de doble vía, pues los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento violan también derechos constitucionales como el de propiedad, el de ejercer toda industria lícita la libertad de tránsito y de trabajo”.

Luego de escuchar los reclamos de la CGT en el encuentro del martes pasado, Cordero hará lo propio con los empresarios del G6 y les ofrecerá sumarse a la mesa técnica tripartita que será creada para consensuar el decreto reglamentario de la reforma laboral y que deliberará la semana siguiente.

Funes de Rioja y el directivo de la CGT Gerardo Martínez (UOCRA), habituales participantes de las conferencias de la OIT, coinciden en una fuerte defensa del diálogo tripartito como herramienta para definir políticas de Estado. Y está en la misma sintonía Cordero, quien antes de su ingreso al Gobierno fue vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA y abogado de Techint.

La UIA defendió el capítulo laboral del DNU 70, que quedó trabado en la Justicia luego de una presentación de la CGT, y cuyo contenido es similar al que fue incluido en la Ley Bases. La entidad industrial elogió en su momento al decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei: “La modernización de la legislación laboral propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo. Las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica”, dijo en un comunicado.

La delegación de la CGT que visitó a Cordero extendió sus demandas de modificar artículos del capítulo laboral de la Ley Bases. Inicialmente, parecía que iba a concentrarse sólo en dos o tres puntos que, a su juicio, consagran la “desprotección laboral” de los trabajadores. Pero en la reunión de este martes los abogados cegetistas Marta Pujadas, de la UOCRA, y Federico West Ocampo, de Sanidad, estuvieron presentes para fundamentar el rechazo sindical a más artículos incluidos en la norma. Ambos integrarán la mesa técnica que consensuará la reglamentación de la reforma laboral.

Para el sindicalismo, “la Ley Bases tiene todavía una parte laboral que puede ser dañosa y perjudicial si no se reglamenta bien”, advirtió un experto jurídico de la CGT para explicar su posición. Según esta misma fuente, la dirigencia cegetista planteará en la mesa técnica la necesidad de atenuar o corregir los efectos de los distintos puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Además del artículo que penaliza los bloqueos a las empresas, la CGT cuestiona el que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo hasta otros 3 trabajadores autónomos para llevar adelante un emprendimiento productivo; otro que incorpora el agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio, y el que elimina la presunción de la existencia del contrato de trabajo en casos de prestación de servicios y facturación periódica vinculada con contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficio, entre otros.

Una vez que cuente con la opinión de empresarios y sindicalistas sobre la reforma laboral, Cordero elevará las posiciones a las máximas autoridades del Gobierno para tomar una decisión sobre la redacción del decreto reglamentario. Para el secretario de Trabajo, el escenario ideal es que ambas partes se pongan de acuerdo en el tema y luego se consolide un esquema de diálogo tripartito.

Fuente: Infobae

Rivero. C