“Lo económico ya está aclarado; las demás son cuestiones administrativas”, afirma Armando Sánchez sobre las imputaciones

El exintendente de Pocito se refirió a los 25 cargos en su contra y aseguró que solo tres implican dinero y fueron resueltos, mientras que el resto son detalles formales sin impacto económico.

El exintendente de Pocito, Armando Sánchez, salió a aclarar las imputaciones presentadas por el Tribunal de Cuentas de San Juan, señalando que “lo económico ya está aclarado; las demás son cuestiones administrativas”. Durante su gestión 2019–2023 se le imputaron 25 cargos, pero enfatizó que solo tres de ellos implican dinero y fueron completamente resueltos.

Sánchez explicó que los tres casos con impacto monetario corresponden a:

  • Un proveedor que debía un dinero y ya efectuó el depósito correspondiente.

  • El reembolso de $62.500 que él mismo hizo para cubrir un sobrepago en becas, cuando algunos beneficiarios dejaron de trabajar y recibieron pagos en exceso.

  • La presentación de comprobantes para un viaje a Buenos Aires que inicialmente carecía de expediente, pero que ya fue subsanado con documentación oficial.

Respecto a las otras imputaciones, el exintendente aclaró que se trata de “cuestiones de forma, no de dinero”, como faltas de firmas, autorizaciones o recibos incompletos.


Detalles del informe del Tribunal de Cuentas

El Tribunal imputó además a varios exfuncionarios de la administración Sánchez, incluyendo a los exsecretarios de Hacienda y Obras Públicas, y exdirectores de Acción Social y Deportes.

Entre las irregularidades detectadas, se mencionan:

  • Un pago de casi $50 millones sin respaldo para una adenda en una obra de repavimentación.

  • Contratos directos por cerca de $16 millones para juegos y equipamiento deportivo sin la documentación requerida.

  • Un operativo de limpieza y riego de más de $9 millones sin registros que justifiquen el gasto.

  • Pagos millonarios para mantenimiento de espacios verdes y equipamiento para plazas sin comprobantes ni habilitación formal de proveedores.

  • Gastos por obras y servicios eventuales sin contratos ni certificaciones válidas.

El organismo de control advirtió que la falta de respaldo podría derivar en procesos judiciales para recuperar fondos públicos, aunque los implicados pueden presentar sus descargos y apelar ante la Corte.


Plazos para la aprobación y respuesta

Sánchez señaló que el 23 de julio de 2025 vence el plazo para la aprobación final de la cuenta de su gestión 2023, y que si quedan expedientes pendientes, dispondrán de otros 15 días hábiles para presentar respuestas formales.

“Estamos colaborando con la justicia y presentando toda la documentación necesaria. No hay nada oculto, y confiamos en que todo se aclarará”, concluyó el exintendente.

Los comentarios están cerrados.