Lima y Vallejos, a conciliación obligatoria: la jueza Tettamanti confirmó la audiencia presencial

El ministro de la Corte reclama $60 millones por daños y perjuicios y una declaración de inexactitud objetiva. Las partes deberán asistir personalmente con sus abogados antes de que la causa avance a prueba.

La demanda civil que el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, inició contra el empresario textil y dirigente liberal Sergio Vallejos entró en una etapa clave: la conciliación obligatoria. Se trata de la instancia previa al litigio pleno, en la que la Justicia intentará acercar a las partes antes de abrir la causa a prueba.

Lima reclama 60 millones de pesos por daños y perjuicios por la presunta afectación a su “buen nombre y honor”, a raíz de dos pedidos de juicio político que Vallejos presentó ante la Legislatura provincial. Además de la reparación económica, el cortista solicitó que la Justicia declare la inexactitud objetiva de las acusaciones, es decir, que se contrasten los escritos del empresario con pruebas que —según la postura del demandante— demostrarían la falsedad de los hechos denunciados.

La jueza Adriana Tettamanti, quien quedó al frente del expediente tras la recusación sin causa presentada por Vallejos contra el juez Luis Arancibia, confirmó el estado procesal de la causa. En diálogo con DIARIO DE CUYO, explicó que “el Código Procesal Civil establece que la asistencia de las partes y de sus letrados es obligatoria”, por lo que tanto Lima como Vallejos deberán concurrir personalmente a la audiencia junto a sus abogados.

El conflicto se originó el 14 de noviembre, cuando Lima presentó la demanda luego de que Vallejos impulsara, entre octubre y noviembre de 2024, dos pedidos de juicio político: uno vinculado al fallo de La Superiora y otro por una supuesta incompatibilidad del ministro al conservar la matrícula notarial. Ambos planteos fueron rechazados y archivados por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Desde la defensa del ministro calificaron la maniobra como un “ejercicio abusivo e irresponsable” del instituto del juicio político. En cambio, Vallejos —a través de su apoderado José Becerra— negó haber causado daño moral y sostuvo que la acción judicial es una “represalia vengativa” por su intervención en la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac en 2023, que derivó en la inhabilitación del entonces gobernador por parte de la Corte Suprema.

Tettamanti también detalló el camino procesal que seguirá el expediente. Tras la notificación electrónica de la providencia que tuvo por contestada la demanda, el próximo paso será la audiencia inicial de conciliación. Si no hay acuerdo, se abrirá la causa a prueba y se fijará una audiencia final, donde se intentará una nueva conciliación. De fracasar nuevamente, se clausurará la etapa probatoria, las partes presentarán sus alegatos y el tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia.

Así, la disputa entre el magistrado y el empresario ingresa en una fase decisiva, con la expectativa puesta en si habrá acuerdo o si el enfrentamiento escalará a un juicio con resolución de fondo.

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