Ley de Glaciares: San Juan, en el centro del debate entre protección ambiental y desarrollo minero

Los glaciares dejaron de ser considerados solo formaciones geográficas para consolidarse como reservas estratégicas de agua dulce a nivel global. Se estima que concentran cerca del 69% del agua dulce del planeta y que en Argentina existen alrededor de 16 mil glaciares, en su mayoría ubicados a lo largo de la Cordillera de los Andes. Esta realidad convierte a la Ley de Glaciares en una cuestión de interés nacional y, al mismo tiempo, en uno de los debates más sensibles de los últimos años.

En ese escenario, el Gobierno de Javier Milei confirmó el envío al Congreso de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares, con la intención de tratarla durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa apunta a revisar el alcance actual de las áreas protegidas y otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué ambientes glaciales deben resguardarse. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es destrabar lo que consideran una “parálisis regulatoria” que limita el desarrollo productivo, especialmente en distritos mineros como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza.

Si bien el texto definitivo del proyecto aún no fue presentado, trascendió que la reforma podría replantear el Inventario Nacional de Glaciares y habilitar evaluaciones más específicas por zona, diferenciando tipos de glaciares, ambientes periglaciares y otras crioformas. Este punto es uno de los más cuestionados del marco actual, ya que la legislación vigente aplica prohibiciones generales sin distinguir funciones hídricas ni características particulares de cada ambiente.

Desde sectores técnicos y productivos advierten que estas definiciones imprecisas derivaron en restricciones amplias que mantienen grandes extensiones de la cordillera prácticamente vedadas a la actividad minera. El impacto económico es significativo: mientras la minería representa apenas el 0,8% del PBI argentino, en países como Chile alcanza el 16%, en Perú el 12% y en Australia supera el 10%, lo que evidencia el bajo aprovechamiento del potencial nacional.

La experiencia chilena suele aparecer como referencia en el debate. Del otro lado de la Cordillera, proyectos como Río Blanco, El Teniente, Los Bronces y El Soldado generan miles de millones de dólares anuales y conviven con actividades agrícolas y vitivinícolas, compartiendo recursos hídricos bajo esquemas de control ambiental y planificación. Para quienes impulsan una revisión de la ley, este modelo demuestra que la protección de glaciares y la minería no son necesariamente incompatibles.

San Juan ocupa un rol central en la discusión no solo por su perfil productivo, sino también por su desarrollo técnico. Es la única provincia que cuenta con un inventario propio de glaciares, actualizado periódicamente, que registra alrededor de 6.000 cuerpos de hielo en su territorio. Según datos expuestos por el especialista Pastore, la provincia concentra cerca del 11% de la superficie glaciar del país, ubicándose tercera a nivel nacional, detrás de Santa Cruz y Mendoza.

El aspecto hídrico es determinante: el 74% del agua sólida de San Juan proviene del ambiente glaciar y el 26% restante del ambiente periglaciar. Esta realidad vincula de manera directa la discusión legislativa con el abastecimiento de agua y el desarrollo económico provincial. A esto se suma una advertencia clave: en apenas cinco años, San Juan perdió más del 50% del volumen de hielo glaciar, un retroceso atribuido al cambio climático y considerado extremo incluso en términos geológicos.

En ese contexto, especialistas señalaron falencias técnicas de la ley vigente, como la dificultad para delimitar con precisión el ambiente periglaciar, la falta de definición clara de qué se considera “reserva hídrica estratégica” y la ausencia de reglas concretas para la actualización de inventarios. Estas ambigüedades, sostienen, terminan trabando investigaciones científicas, evaluaciones ambientales y proyectos productivos.

Con San Juan como uno de los principales impulsores de una revisión normativa, el debate que se abre en el Congreso promete ser clave. La reforma busca avanzar hacia un esquema que permita análisis caso por caso, con respaldo científico y control ambiental, pero también contemplando el impacto social, productivo y laboral. Para las provincias cordilleranas, la discusión no es solo ambiental: es estratégica y definirá el modelo de desarrollo de las próximas décadas.