Ley antibarras: el Gobierno retoma la agenda de seguridad para reactivar la Cámara de Diputados
En una reunión informativa, reinició su debate parlamentario un proyecto que se formuló en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. Hubo choque de posturas entre el peronismo y Provincias Unidas por el tratamiento judicial del narcotráfico.
La Cámara de Diputados sigue siendo el recinto en donde el Gobierno tiene más consolidada su mayoría. Mientras trabaja en función de destrabar los proyectos que se acumularon en el Senado, el oficialismo retomó su agenda de seguridad con una iniciativa que apunta directamente a las organizaciones violentas vinculadas al fútbol,
La denominada ley Antibarras pretende crear una figura en el Código Penal para considerar a los “barrabravas” como miembros de organizaciones criminales, lo que implicaría un agravamiento de las sanciones en el marco de una asociación ilícita. La iniciativa tiene tres implicaciones en simultáneo: que el oficialismo no detenga su avance en Diputados con una propuesta que tiene potenciales mayorías; acumular un nuevo activo en materia de seguridad; y que Patricia Bullrich vuelva a sumarse un triunfo legislativo, dado que la redacción le pertenece. La titular de la Comisión de Legislación Penal que convocó a la reunión, Laura Rodríguez Machado, se referencia precisamente con la exministra.
Como representante del Ejecutivo acudió a la comisión Germán Pugnaloni, director nacional de la Normativa y Enlace con la Justicia. “El conflicto social es dinámico y las modalidades delictivas también. Por lo tanto creemos en ir modernizando la ley hacia un régimen que prevea estas nuevas formas de actuación del delito“, justificó el funcionario. “Las estadísticas en este momento son magras porque los comportamientos no están previstos como delitos. Nadie va a calificar conductas que hoy no son delitos. Tienen penas muy bajas o exiguas que hacen que nunca se lleve adelante un proceso penal por ese tipo de comportamiento ”, explicó.
El debate llega un día después de que haya alcanzado dictamen unánime la denominada “Ley Joaquín” (inspirada en Joaquín Stefano Gatto, un joven de 12 años que perdió su vida cuando se le cayó un arco de fútbol), que pretende “establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad” en instalaciones deportivas y juegos en espacios públicos, para prvenir accidentes.
Diputados debatieron el tratamiento judicial del narcotráfico
En la jornada también se trataron tres proyectos de distintos bloques que tienen como objetivo debatir qué tratamiento le corresponden a los delitos por narcotráfico en la órbita federal y provincial, enmarcados en la ley de estupefacientes (el que más detenidos provoca en el país). Los diputados Agustina Propato (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas) presentaron propuestas con ese propósito. La falta de acuerdo se continuará dirimiendo en siguientes reuniones informativas, según apuntaron a este medio desde la presidencia de la Comisión de Legislación Penal.
La bonaerense Propato apuntó que el 80% de los casos vinculados a narcotráfico de menor escala (por comercialización o tenencia) terminan siendo archivados en el distrito que representa, y sostuvo que “a partir de la provincialización, aumenta la persecución penal al narcomenudeo y se achica sensiblemente los que llegan a la jurisdicción federal. Es evidente que se obstruye a la posibilidad de seguir los lineamientos para investigar lo que quedó reservado para el interés federal”.
A su turno, la santafesina Scaglia -quien ocupó el rol de vicegobernadora hasta el 10 de diciembre pasado- reconoció que su proyecto iba “en sentido contrario” al de Propato. “Tenemos que ampliar las desfederalización y las provincias tenemos que tener más competencias”, postuló y aseguró que “hay muchos casos que no terminan resolviéndose porque hay un especie de limbo sobre si le corresponde al fuero federal o al provincial”. “El narcotráfico tiene una caractéristica barrial, local y que tiene que ver con el narcomenudeo; que no tiene raíces en organizaciones internacionales pero que es muy violenta”, añadió.
Cuáles son los principales puntos de la ley Antibarras
El texto prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes colaboren con las “barrabravas” o mantengan relaciones económicas o institucionales con esos grupos, incluyendo la entrega irregular de entradas u otros beneficios. La propuesta también alcanza a los dirigentes de clubes y aquellas personas que se ofrecen a cuidar vehículos en las inmediaciones de los estadios.
Además, el proyecto endurece las penas para distintas conductas que se produzcan en el marco de eventos deportivos. Entre ellas figuran los daños a instalaciones, la portación de armas blancas u objetos contundentes, el ingreso con materiales inflamables o tóxicos y la tenencia de armas de fuego o explosivos, con escalas penales que aumentan según la gravedad de cada caso.
La iniciativa también incorpora sanciones para la reventa ilegal de entradas y otras maniobras vinculadas con la organización de los espectáculos deportivos, en el marco de una estrategia oficial orientada a desarticular el financiamiento y la estructura de las barrabravas. La normativa habilita la potestad de ratificar las restricciones a espectáculos deportivos y otras medidas preventivas.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que estas organizaciones exceden el ámbito de los estadios y desarrollan actividades delictivas de manera permanente, incluso fuera de los eventos deportivos, por lo que considera necesario actualizar la legislación vigente para mejorar las herramientas de investigación y sanción.
Fuente: ÀMBITO
Por: G. Herrera
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