Lesa Humanidad: Fiscalía pidió 8 años para dos represores y la Justicia le denegó un viaje a Europa a un condenado excarcelado

El último juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en San Juan transita su etapa final. El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de ocho años de prisión para los ex militares Juan Francisco Del Torchio y Eduardo Cardozo, acusados de privar ilegítimamente de la libertad y aplicar tormentos al odontólogo Abraham Cruz Videla durante la última dictadura. Ambos imputados ya cumplen condenas a perpetua por otros procesos federales.

La causa Videla llegó a debate tras la denuncia presentada en 2018 por Analía Nora Videla, hija del odontólogo, quien relató que su padre fue secuestrado el 19 de mayo de 1975 por personal del Ejército cuando llegaba a su casa. El profesional trabajaba en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y en el hospital de Valle Fértil, y se encontraba investigado en un expediente en el que también figuraba Marcelo Nívoli, vínculo confirmado en audiencias de los megajuicios previos.

Este proceso comenzó a fines de noviembre tras varias postergaciones. En su alegato, el fiscal Francisco Maldonado, acompañado por Nicolás Ayestarán, sostuvo que quedó acreditado que Del Torchio y Cardozo actuaron como coautores de privación ilegítima de la libertad agravada y de tormentos agravados por tratarse de un funcionario público y por la condición de perseguido político de la víctima. Por ello solicitaron una pena de ocho años de prisión.

En la vereda opuesta, la defensa oficial de Cardozo, encabezada por Esteban Chervin, planteó la prescripción del delito y pidió su absolución. Este viernes está previsto el alegato del abogado Marcelo Fernández Valdez, defensor de Del Torchio. Aunque no hay fecha confirmada, el Tribunal Oral Federal —integrado por Daniel Doffo, Eliana Rattá y María Carolina Pereira— podría dictar sentencia una vez concluidas las defensas.

Un pedido de viaje rechazado

Mientras este juicio avanza, otro fallo del Tribunal Oral Federal volvió a colocar la atención en las causas de lesa humanidad. Con una integración distinta, el TOF rechazó un pedido de autorización para viajar a Europa presentado por Jorge Manuel Laiseca, condenado a cinco años de prisión en el megajuicio III como coautor de tormentos agravados. Su sentencia aún no está firme, ya que se encuentra apelada ante la Cámara de Casación Penal, por lo que permanece en libertad bajo excarcelación.

Laiseca había solicitado viajar entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a España, Francia, Italia y Reino Unido, alegando que la falta de una condena firme le otorga presunción de inocencia y que la única restricción vigente refiere a informar su domicilio.

Sin embargo, los jueces Gretel Diamante, Alberto Carelli y María Paula Marisi rechazaron el planteo. En su resolución destacaron que la Corte Suprema ha sostenido que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales de garantizar el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, y que permitir salidas al exterior podría frustrar ese compromiso. Añadieron que la excarcelación de Laiseca incluye la prohibición de ausentarse del país sin autorización judicial y que el hecho de haberse presentado a derecho hasta ahora no implica que, una vez fuera del país, decida regresar.

El cierre de una etapa histórica

La causa Videla representa el último juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en la provincia, luego de los tres megajuicios y otras causas relevantes —incluyendo las vinculadas a nietos restituidos y magistrados provinciales—. La única investigación pendiente es la causa Malato, que deberá juzgar al ex integrante del grupo de tareas del RIM 22, actualmente prófugo en Italia.

Con el pedido de condena ya sobre la mesa, el proceso que comenzó casi medio siglo después de los hechos podría tener sentencia en las próximas horas, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Op: Juan Llarena