Legislatura de San Juan debate medidas para potenciar empleo y proveedores locales en minería

El crecimiento de la minería metalífera en San Juan reavivó el debate sobre cómo garantizar que los beneficios económicos de los grandes proyectos se traduzcan en empleo y oportunidades para trabajadores y empresas de la provincia. Con ese objetivo, la Cámara de Diputados comenzó a analizar iniciativas orientadas a fortalecer la participación local dentro de la cadena productiva minera.

Una de las propuestas, presentada por legisladores del Partido Bloquista, busca implementar un Régimen de Desarrollo Local Minero. El proyecto establece metas de referencia de hasta 80% de empleo local y 70% de contratación de proveedores sanjuaninos, que las compañías deberán incluir en sus planes de desarrollo, capacitación laboral y actualización periódica de compromisos.

Además, la iniciativa contempla la creación de un Registro Provincial de Proveedores Mineros, bajo la órbita del Ministerio de Minería de San Juan. Para formar parte del registro, las empresas deben acreditar radicación efectiva en la provincia, contar con infraestructura productiva local y mantener una mayoría de trabajadores domiciliados en San Juan.

El proyecto también incorpora criterios de prioridad territorial: primero se favorecerá a trabajadores y empresas del departamento donde se desarrolle el proyecto minero, luego a las zonas cercanas, después al resto de la provincia y, únicamente si no existe oferta adecuada, se recurrirá a proveedores externos. Asimismo, se establece que los proveedores locales tendrán prioridad en licitaciones si sus propuestas técnicas son equivalentes a las de competidores y su precio no supera en más de un 15% al de la oferta externa.

La discusión se produce en un contexto clave para la minería provincial, con proyectos de gran escala en el distrito de Vicuña, que incluyen los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Paralelamente, el Gobierno provincial, a través del ministro de Producción, Gustavo Fernández, trabaja en un proyecto con objetivos similares para asegurar la participación de trabajadores y proveedores locales.

El debate también se vincula con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que actualmente establece un cupo del 20% para proveedores locales, pero con la definición nacional de “local” que incluye empresas de todo el país. La nueva normativa provincial buscaría priorizar efectivamente a las firmas y trabajadores radicados en San Juan, asegurando que la minería genere un impacto directo en la economía local.

Op: Juan Llarena