Lavado por $818 mil millones: la financiera vinculada a Chiqui Tapia, en la mira de la Justicia

La crisis institucional que atraviesa el fútbol argentino sumó este martes un capítulo explosivo. En medio de las denuncias por presuntas maniobras irregulares en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Dirección General Impositiva (DGI) presentó ante la Justicia una acusación formal contra Sur Finanzas SA, una financiera estrechamente vinculada al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con la investigación realizada por la Regional Sur de la AFIP, la empresa habría evadido más de $3.300 millones en concepto del Impuesto a los Débitos y Créditos —conocido como impuesto al cheque— entre 2022 y 2024. Pero lo más alarmante es el presunto entramado de lavado de activos que funcionaba a través de su billetera virtual y que habría movido una cifra monumental: $818.000 millones.

La denuncia ya fue recibida por la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, que tendrá a cargo la investigación judicial.


Una empresa pequeña que creció al ritmo del poder en el fútbol

Sur Finanzas nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogué. En poco tiempo pasó de ser una firma desconocida a convertirse en auspiciante de clubes de primera división, prestamista de instituciones deportivas y hasta patrocinadora del propio Torneo de la Liga Profesional, rebautizado como Copa Sur Finanzas.

Aunque en los registros oficiales figuran Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo como vicepresidente, es este último quien mantiene una relación pública y fluida con Chiqui Tapia. En redes sociales se lo vio junto al titular de la AFA en múltiples ocasiones, y fue él quien gestionó acuerdos millonarios con Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, entre otros.

Incluso fue Vallejo quien concretó un préstamo de casi $2.000 millones para San Lorenzo durante la gestión de Marcelo Moretti, hoy bajo investigación por administración fraudulenta.


La operatoria sospechosa: QR, links de pago y un caudal de dinero inexplicable

Según el informe de la DGI, la supuesta estructura de lavado operaba principalmente mediante pagos con QR, el sistema propio de la compañía (SurPos) y links de pago.

Allí radica el corazón de las sospechas: entre noviembre de 2023 y abril de 2024, por la billetera virtual de Sur Finanzas circularon $818 mil millones, una cifra incompatible con la capacidad económica declarada por los usuarios que realizaban las operaciones.

El análisis detectó tres grupos preocupantes:

  • 31% “sujetos no categorizados”, es decir, personas sin ninguna inscripción ante la AFIP.
    Algunos de ellos movieron más de $1.000 millones cada uno, llegando en total a $223.441 millones.

  • 9% de usuarios apócrifos, inexistentes para el fisco.

  • 27% monotributistas de categorías bajas, sin capacidad económica para justificar movimientos millonarios.
    Solo 32 de estos monotributistas movieron $193.599 millones.

Para los investigadores, esta concentración de dinero en manos de personas sin actividad registrada o con ingresos mínimos solo puede explicarse por “un circuito marginal” utilizado para blanquear fondos.


Una denuncia que se suma a la crisis política del fútbol argentino

El escándalo estalla en un contexto especialmente sensible para la AFA. En los últimos días, Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, fueron acusados de manipular arbitrajes y beneficiar a equipos con los que mantienen vínculos directos, como Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Asimismo, la decisión de otorgar un título extra fuera de reglamento a Rosario Central alimentó la polémica y tensó aún más el escenario.

A ese cuadro deportivo ahora se suma una investigación de enorme gravedad institucional y económica, con presuntas maniobras que podrían configurar delitos federales de gran escala.


Antecedentes judiciales y expansión política

Sur Finanzas ya había ingresado en el radar judicial meses atrás: el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi detectaron que la empresa habría operado dinero proveniente de un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entonces dirigida por Diego Spagnuolo.

En cuestión de dos años, la firma pasó de operar criptomonedas a manejar montos que superan ampliamente su estructura declarada, sin controles claros y con un crecimiento que acompañó —paso a paso— el ascenso político y económico del círculo íntimo de la AFA.


Evasión millonaria

Además del presunto lavado, la DGI sostiene que Sur Finanzas omitió el cobro y pago del Impuesto a los Débitos y Créditos, evadiendo $3.327 millones desde 2022.

La acusación indica que la fintech actuó como agente de percepción, pero nunca transfirió al Estado lo recaudado.


La denuncia abre una causa que promete sacudir no solo al mundo del fútbol, sino también al entramado político y económico que lo rodea. Mientras tanto, Tapia y su entorno enfrentan la ofensiva más fuerte de los últimos años, con un escenario judicial que podría escalar rápidamente y dejar al descubierto un sistema de relaciones y negocios hoy bajo sospecha.

Los comentarios están cerrados.