Laura Palma fija las condiciones para el próximo Fiscal General en medio de una pulseada política

La definición del próximo Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan se ha convertido en uno de los debates más intensos de la política provincial. En este contexto, la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien representa al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, delineó el perfil que, a criterio del Gobierno, debe reunir la persona que ocupe este puesto clave en el Ministerio Público.

Palma enfatizó que el rol trasciende lo meramente jurídico y demanda una conducción institucional sólida.

“El fiscal general tiene una competencia mucho más amplia. No solamente debe tener conocimiento jurídico, sino también la capacidad de liderazgo para manejar equipos, tomar decisiones correctas y trabajar de manera coordinada con los otros poderes del Estado”, señaló.

La funcionaria además hizo hincapié en la idoneidad profesional por encima de cualquier filiación política, en un intento de despolitizar el proceso.

“No me interesa el apellido ni los vínculos partidarios. La prioridad es la capacidad y el compromiso con la función, independientemente de la pertenencia política o familiar”, sentenció.

Estas declaraciones se producen en medio de intensas negociaciones políticas, dado que la elección del fiscal general se define en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita alcanzar la mayoría simple de 18 votos.

Oficialismo a un paso de la mayoría

El bloque oficialista, encabezado por Cambia San Juan, cuenta con 12 votos propios y el respaldo “incondicional” de los cuatro legisladores bloquistas, integrantes de la alianza Por San Juan. A estos se suma el diputado Marcelo Mallea (Angaco), quien habitualmente acompaña las propuestas del Ejecutivo, conformando un bloque de 17 votos seguros.

Con este escenario, un solo voto adicional se ha convertido en el factor decisivo para definir la elección. Entre los posibles aliados figuran legisladores de la oposición moderada y bloques minoritarios, como Franco Aranda (Frente Renovador), Gabriel Sánchez (San Juan Te Quiero), los justicialistas Jorge Castañeda y Omar Ortiz, y Fernando Patinella (ADN-LLA).

Candidatos en disputa

En el oficialismo, los principales nombres en evaluación son:

• Adriana Tettamanti, actual jueza del Contencioso Administrativo, con trayectoria vinculada al Ejecutivo desde antes del inicio de la actual gestión.

• Guillermo Baigorrí, exlegislador de Producción y Trabajo, expresidente del partido y actual camarista laboral.

• Daniel López, de perfil técnico, con experiencia en el Banco San Juan y cercanía al Gobierno.

Desde la oposición, principalmente el sector peronista, impulsan a:

• Rolando Lozano, Secretario Relator del Ministerio Público y supervisor de tres Unidades Fiscales de Investigación (UFI).

• Fernando Rahmé, también Secretario Relator y supervisor de UFI, sobrino del fallecido fiscal general Jimmy Quattropani, lo que le da un fuerte peso simbólico dentro del espacio justicialista.

• Celia Maldonado, jueza de Garantías con larga trayectoria y madre de Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados, con estrechos lazos con sectores peronistas.

El proceso se perfila como una batalla política y judicial, donde no solo se juega la designación de un cargo clave, sino también el equilibrio de poder entre el Ejecutivo, la Justicia y la oposición. La votación, prevista para las próximas semanas, definirá si el oficialismo logra imponer su candidato o si la oposición consigue bloquear la designación.