El gobierno de Donald Trump pretende capitalizar la lucha contra el antisemitismo para fijar su propia agenda política contra liberales, progresistas y, en un sentido amplio, también contra la izquierda de los Estados Unidos.
Frente a una política comercial que no termina de remontar, y ante los recientes números que en varias encuestas le dan a la baja en el terreno económico, se está profundizando el combate contra todo rastro de progresismo como una estrategia para mantener el nivel de popularidad del gobierno.
Harvard, Columbia y un amplio conjunto de universidades en las que se conformaron movimientos estudiantiles en rechazo a la ofensiva bélica de Israel en Gaza, luego del atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, constituyen hoy un frente que resiste el embate del oficialismo que ha violentado su autonomía académica al recortar fondos para investigación, propiciar reformas en los planes de estudio, intervenir en los claustros de profesores y anular exenciones impositivas, entre otras medidas que han cosechado un amplio repudio en la opinión pública.
La Casa Blanca ha justificado su campaña contra las universidades como una reacción frente a la “judeofobia descontrolada”. El punto álgido de este enfrentamiento tuvo lugar el 25 de abril, cuando Trump señaló a Harvard como una “institución antisemita y de extrema izquierda”.
Sin duda, y como lo han reconocido las máximas autoridades universitarias, sí se produjeron ataques antisemitas en algunas de las instituciones académicas por parte de activistas propalestinos, incluso, mediante acoso, intimidación y violencia contra estudiantes judíos. Sin embargo, lo cierto es que la hostilidad de la administración hacia los principales centros académicos tiene raíces más profundas que la mera agitación relacionada con Medio Oriente.
Los conservadores han visto con recelo a las élites de la educación superior durante décadas, preocupados por los programas de admisión de acción afirmativa, los altos costos de la matrícula, las opiniones de profesores liberales y la proliferación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de las minorías en los campus.
Intelectuales de derecha afirman que sus opiniones han sido marginadas en las aulas y consideran a las universidades como incubadoras de una “conciencia progresista” que, en su vinculación con el pensamiento liberal y con el partido Demócrata, es considerada como uno de los puntos de origen de la decadencia intelectual que atraviesa al país desde hace años.
Con el argumento del combate al antisemitismo, se lleva adelante una ofensiva inmigratoria que, según Associated Press, ha afectado a más de 1.100 estudiantes de 174 colegios y universidades, a quienes se les han revocado las visas o se les ha cancelado su estatus legal desde fines de marzo.
La administración Trump ha defendido sus acciones alegando que, en algunos casos de alto perfil, estudiantes que participaban en actividades propalestinas mantenían vinculaciones directas y ocultas con Hamas, sin aportar pruebas específicas, como ocurrió con los casos de la candidata a doctorado de la Universidad de Tufts, Rümeysa Öztürk, de origen turco, y con dos residentes permanentes en Estados Unidos: el exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, detenido en el mes de marzo, y que se encuentra luchando contra la deportación, y el actual alumno Mohsen Mahdawi, arrestado en abril y liberado el pasado 2 de mayo.
Si bien el gobierno de Trump mantiene todavía el respaldo de muchas organizaciones judías, varias de ellas directamente ligadas con el Partido Republicano, son cada vez más las entidades comunitarias que se manifiestan en contra, y que temen que la represión hacia los críticos de Israel, deriven más pronto que tarde en un nacionalismo exacerbado y en una judeofobia abierta.
Para un creciente número de asociaciones es evidente de que ni la reducción del financiamiento universitario ni la expulsión de activistas favorecerá que, en Estados Unidos, los judíos se sientan más valorados o más seguros. Más aún, si devienen en peones de una agenda política más amplia, que no necesariamente los incluye de manera directa, y que pretende aprovecharse de su derecho a preservar su identidad, en buena medida, reavivando sus peores temores y sus traumas históricos.
Recientemente, el amplio sector de la izquierda judía estadounidense representada por la organización J Street emitió un comunicado respaldado por 550 rabinos en el que se expresaba, sin ambigüedad, que “la forma en que la administración Trump afirma combatir el antisemitismo no trata de proteger a los judíos; al contrario, está abusando abiertamente del tema para dividir a los estadounidenses, socavar la democracia y perjudicar a otras comunidades vulnerables”.
Se trata de una advertencia que, con las diferencias del caso, también debería ser valorado en otros países en donde mandatarios de extrema derecha sobreactúan sus afinidades ideológicas con el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, generando así crecientes tensiones dentro de las comunidades judías, y avivando al mismo tiempo las llamas del prejuicio y de la discriminación.
Mientras tanto, resulta indudable que el llamado a una nueva ofensiva bélica contra Gaza, con el apoyo total del gobierno de Trump, recrudecerá el antisemitismo en prácticamente todo el planeta.
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