La UNSJ prorroga presupuesto de 2023 para asegurar su funcionamiento en 2025
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó la prórroga del presupuesto de 2023 para asegurar su funcionamiento en 2025. La medida, que fue tomada por el Consejo Superior en su última sesión, busca garantizar el inicio del ciclo académico del próximo año, en un contexto de incertidumbre debido a la falta de un presupuesto específico para 2025.
Ricardo Coca, secretario administrativo y financiero de la UNSJ, explicó que la universidad ha estado funcionando en 2024 con el presupuesto prorrogado de 2023, un monto que resultó insuficiente para cubrir las necesidades básicas de funcionamiento, incluida la remuneración de los sueldos. “Al no existir presupuesto 2025, lo que se debe hacer es prorrogar la ley del presupuesto 2023. Esta ley fue prorrogada el año pasado e implicaba que solo se podían aprobar créditos por 17.800 millones de pesos, una cifra que no alcanzaba ni siquiera para llegar a marzo”, afirmó Coca.
Con la decisión tomada, se prorrogó no solo el presupuesto de 2023, sino también las partidas adicionales asignadas por una decisión administrativa posterior. Esto permitió que el presupuesto total alcanzara los 62.000 millones de pesos para el próximo año. Sin embargo, Coca aclaró que este monto sigue siendo insuficiente para cubrir los costos reales de la universidad, especialmente en un contexto de inflación y crecimiento de los gastos.
«El presupuesto de 62.000 millones de pesos nos permitirá iniciar 2025, pero sabemos que debemos esperar la asignación definitiva del gobierno nacional para el próximo año. Lo razonable sería que la Nación otorgue más recursos, ya que el monto actual apenas cubre lo que se devengó hasta noviembre de este año», explicó el secretario.
A pesar de la incertidumbre, la medida fue considerada crucial para evitar un paro académico o administrativo a principios de 2025, y es una medida de emergencia mientras la UNSJ espera una respuesta del gobierno nacional sobre su asignación presupuestaria definitiva.
Esta situación evidencia una vez más las dificultades económicas que atraviesan las universidades públicas argentinas y la dependencia de las decisiones del gobierno central para garantizar su funcionamiento básico. POR LIC. EUGENIA VILA
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