La tragedia de los bienes comunes, edición IA: los tribunales laborales de Gran Bretaña están al borde del colapso
El derecho laboral británico incluye una figura denominada interim relief (medida cautelar de reincorporación o mantenimiento de sueldo), un recurso de emergencia mediante el cual un juez puede ordenar a una empresa reinstalar a un empleado despedido o, al menos, seguir pagándole el salario. Se aplica habitualmente a denunciantes que alertaron sobre fallas de seguridad o a dirigentes sindicales conflictivos. Poco conocida fuera del ámbito legal, esta medida solía solicitarse de forma excepcional —los tribunales de Gran Bretaña recibían unos 20 pedidos al año— y rara vez se concedía.
Hasta hace poco. Aunque los datos son parciales, el disparo de casos es innegable. Hoy se ingresan cerca de 20 solicitudes mensuales en cada una de las 12 sedes regionales del sistema de tribunales laborales británico —un incremento superior al 100%—, según un memorando del 22 de junio firmado por Barry Clarke y Susan Walker, copresidentes del fuero. La mayoría de estos intentos terminará en la nada, pero todas las demandas presentadas correctamente tienen derecho a una audiencia de emergencia y a su día en el tribunal, lo que genera demoras en el resto de los expedientes. Los jueces son cautos, pero ya tienen a su principal sospechoso: la inteligencia artificial.
La medida cautelar de reincorporación es un caso testigo de cómo la IA, al igual que un misil teledirigido, puede fijar el blanco en las disposiciones más oscuras de la ley y provocar un descalabro. El impacto en los tribunales laborales de Gran Bretaña (fueros encargados de resolver litigios entre empleados y empleadores) refleja un fenómeno emergente a escala global: la demanda impulsada por la IA está colapsando burocracias diseñadas para la era analógica, desde las apelaciones de impuestos municipales en Países Bajos hasta el organismo de protección de datos de Canadá o los tribunales de faltas de tránsito en las principales metrópolis. En Gran Bretaña, los trabajadores recurren hoy a modelos de lenguaje en lugar de a abogados de carne y hueso para demandar a sus jefes con rapidez y a bajo costo. Las demandas se dispararon y el atraso judicial no para de crecer. Un expediente iniciado hoy podría no tener audiencia hasta 2030.
El acceso a asesoramiento legal gratuito y potenciado por IA debería ser una buena noticia para la clase trabajadora. Sin embargo, se está convirtiendo en la tragedia de los bienes comunes. Para los empleados con reclamos legítimos, esta explosión de la demanda se traduce en esperas más largas para obtener justicia. Para los empleadores, implica mayores costos legales para responder tanto a reclamos fundamentados como a fantasías descabelladas. En la era de la IA, un sistema concebido para facilitar el acceso a la justicia padece, en todo caso, de un exceso de acceso.
Esta dinámica toma un giro particular en Gran Bretaña, donde la tecnología y la legislación avanzan a destiempo. A medida que las capacidades de la IA se aceleran, el gobierno laborista otorga a los trabajadores mayores causales y compensaciones más abultadas para demandar a las empresas. Esto significa que, justo cuando la demanda impulsada por litigantes equipados con IA se dispara, el gobierno abre aún más las puertas de los tribunales.
El impacto de este aluvión tecnológico es contundente. El número de personas que presentaron demandas contra sus empleadores aumentó un 39% en el año finalizado en marzo de 2026 respecto del período anterior, alcanzando los 50.000 casos, mientras que la tasa de causas resueltas o rechazadas cayó. Además, las demandas son cada vez más complejas: la proporción de expedientes de “vía ordinaria” (open track) —que abarcan discriminación por sexo o edad— pasó del 33% en 2020-21 al 61% el año pasado. Al demandar históricamente más tiempo de debate, este tipo de procesos hoy se extiende todavía más. Como resultado, la acumulación de reclamos individuales pendientes subió un 55% en un solo año, alcanzando los 64.000 expedientes.
Los abogados no dudan en señalar a la IA como la culpable, especialmente del incremento en la complejidad de las causas. Otras explicaciones quedan descartadas. La desaceleración económica que suele preceder a una ola de litigios “no se observa en absoluto”, señaló Clarke recientemente. Pese a las vacantes sin cubrir, la cantidad de jueces y días de sesión judicial supera los niveles previos a la pandemia. En medio de este escenario, la calidad del servicio parece haberse mantenido: si uno está dispuesto a esperar, los magistrados siguen ofreciendo una atención de primer nivel, destaca un abogado.
A buen entendedor, pocas palabras
Para quienes litigan en causa propia, la IA elimina la parte más pesada del trabajo y los incentiva a exagerar la nota. Basta con ingresar una queja vaga en ChatGPT para que, al poco tiempo, el sistema redacte el formulario de demanda, un “modelo de argumento legal” y un “mapa de predicción de la defensa del empleador”, junto con recomendaciones para responder en el interrogatorio cruzado. Cuando nuestro demandante ficticio afirmó haber sido víctima de acoso laboral por su afición a los horóscopos —algo que la ley contra la discriminación aún no contempla como creencia protegida—, el modelo aclaró amablemente que el veganismo sí lo está. Tampoco faltaron las pinceladas dramáticas: de forma espontánea, la herramienta escribió que el demandante había sufrido “un cuadro de angustia” y “dificultades para reinsertarse laboralmente”.
La cúpula judicial no está integrada por luditas. La IA promete grandes ganancias de eficiencia en tareas como la traducción y la programación de audiencias, declaró recientemente ante el Parlamento la jueza Lady Carr, máxima autoridad del Poder Judicial de Inglaterra y Gales. “Hablamos de que la IA se ocupe de la limpieza para que los jueces puedan dedicarse al arte”. Además, como observó su colega Sir Geoffrey Vos, las presentaciones redactadas por IA pueden resultar mucho más coherentes que los desvaríos de personas que “llegan al tribunal con montañas de papeles sueltos en bolsas de supermercado”.
Sin embargo, los fallos recientes de los tribunales del trabajo dejan ver una creciente exasperación entre los magistrados. Los jueces laborales prefieren escritos concisos y enfocados en los hechos; en cambio, las demandas generadas por IA pueden extenderse por cientos de páginas. Suelen tirar con munición gruesa, invocando decenas de causales e incluyendo leyes inventadas por las alucinaciones del sistema. “Nos tiran por la cabeza la Carta Magna, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cualquier cosa que se les cruce”, sintetiza el barríster John Bowers.
La IA adula a demandantes que en realidad necesitan un baño de realidad. Un empleado del servicio nacional de salud británico (NHS), cuyo expediente preparado con Grok incluyó 67 reclamos a lo largo de 282 páginas, le confesó al juez que pensaba basarse solo en el 10% de esos puntos, aunque no sabía en cuáles. Una secretaria que utilizó ChatGPT dejó en el magistrado la “firme sensación” de estar sosteniendo “una demanda que no comprende y que no puede justificar personalmente cuando se le pregunta”. Por su parte, un activista de extrema derecha, también asistido por IA, aportó cientos de grabaciones clandestinas de sus compañeros con las que pretendía probar actos de discriminación, pero que resultaron inaudibles para el tribunal; el hombre parecía “incapaz de asumir la falta total de sustento” de su reclamo.
La tecnología se convirtió así en un multiplicador de productividad para los litigantes en serie. Uno de ellos, amparándose en una supuesta discriminación por neurodivergencia, admitió ante el juez haber iniciado más de 100 demandas laborales, reconociendo que hace poco había descubierto la IA. Otro, sobre quien pesaba una orden de restricción impuesta por la Fiscalía General tras presentar al menos 60 demandas, aseguró que primero evaluaba la viabilidad de sus reclamos con inteligencia artificial. “Sin embargo”, concluyó el juez Griffiths, “casi todos fueron rechazados”.
Los tribunales laborales son más vulnerables a la IA que otras ramas del sistema jurídico británico porque, por diseño, están abiertos al ciudadano común. Fueron creados en la década de 1960 para resolver disputas de manera rápida y económica —un “tribunal del pueblo”, en palabras de un magistrado—, sin las solemnidades ni el rigor de las cortes penales tradicionales. No hay tasas para iniciar un proceso y, a diferencia de otros fueros civiles, la parte perdedora rara vez debe hacerse cargo de los gastos honorarios de la contraparte. Tampoco existen sanciones por rechazar una oferta de arreglo razonable. El resultado, advierte el barríster laboralista David Green, es que no existe un mecanismo financiero que obligue a las partes a reflexionar seriamente sobre los méritos de su reclamo.
A esto se suma que la “chatarra” generada por IA no es motivo de desestimación automática. Los jueces han determinado que las demandas defectuosas merecen una audiencia completa si existe la posibilidad de que contengan un reclamo real. Rechazar una demanda de plano no sustituye la obligación de “remangarse” e indagar a fondo su veracidad, determinó el juez James Tayler en un fallo de 2021, incluso si el demandante utiliza términos incorrectos o actúa como un “ciervo encandilado”.
El dilema judicial
Este sistema abierto está a punto de serlo aún más. Desde la década de 1960, el alcance de los tribunales laborales se expandió hasta superar las 100 causales distintas por las que se puede demandar a un empleador. La nueva Ley de Derechos Laborales suma cerca de 25 motivos adicionales, como el derecho a cobrar por turnos cancelados con poco aviso. A partir de enero de 2027, las demandas por despido incausado podrán presentarse tras seis meses de antigüedad en el empleo, en lugar de los dos años requeridos hasta ahora. Además, se eliminará el tope indemnizatorio para la mayoría de los reclamos, fijado actualmente en 123.543 libras (166.050 dólares).
Para los potenciales demandantes, esto se traduce en más pretextos para litigar y en la expectativa de un botín mayor. El gobierno prevé que la ley provocará un aumento del 17% en las disputas judiciales, aunque muchos abogados creen que la cifra será sustancialmente más alta. “Todos los indicadores apuntan a un aumento de la litigiosidad, con casos más complejos y de mayor volumen económico”, señala Tarun Tawakley, del estudio jurídico Lewis Silkin. En manos de la IA, la perspectiva de indemnizaciones sin techo puede dar a las personas una idea poco realista de lo que pueden ganar, evalúa Sarah Henchoz, de la firma A&O Shearman (quien además señala que la IA ya está inflando las pretensiones económicas en los reclamos, según reporta Clarke). “Al igual que cuando se busca un síntoma médico en Google, con el asesoramiento legal obtendrás la respuesta que quieres según lo que ingreses”, advierte Henchoz. Gran Bretaña resulta hoy menos atractiva para los empleadores que Francia, acota, donde las indemnizaciones suelen tener un tope equivalente a 20 meses de sueldo.
La IA especializada podría ser la clave para depurar esta chatarra procesal. Diversas pruebas demuestran que estas herramientas ya superan a abogados humanos en tareas como la redacción de escritos. Este año, se le atribuyó a un estudio jurídico impulsado por IA la preparación con éxito de una demanda laboral para un barríster. Muy pronto, los algoritmos podrían ofrecer a los litigantes una perspectiva más realista sobre las probabilidades de éxito de sus casos. El desafío central radica en disponer de suficientes datos de entrenamiento, explica Felix Steffek, de la Universidad de Cambridge, cuyo equipo desarrolló una base de datos con 19.000 fallos históricos con este propósito.
Esa herramienta facilitaría el trabajo de los jueces, pero plantearía un problema diferente para las empresas. Si la IA cumple sus promesas, en poco tiempo podría poner al alcance de cualquier trabajador el equivalente a un abogado de primer nivel en el bolsillo, capaz de redactar demandas implacables contra sus jefes en cualquier momento. La actual ola de demandas chatarra daría paso a una marea de juicios perdidos para las empresas. El Partido Laborista afirmó que su reforma equilibraría la balanza en favor de los trabajadores. Con la IA, ese cambio de poder será mucho más rápido y profundo de lo que los políticos jamás imaginaron.

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