La reforma electoral abre un fuerte debate por el financiamiento de las internas partidarias

El proyecto de reforma electoral que impulsa el oficialismo provincial comenzó a generar repercusiones antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados de San Juan. Si bien la iniciativa reconoce la autonomía de cada partido para definir cómo elegirá a sus candidatos, el punto que concentra la mayor discusión es otro: quién deberá financiar las elecciones internas.

La propuesta establece que cada fuerza política podrá optar, según su carta orgánica, por realizar internas abiertas, cerradas o elegir a sus candidatos por consenso. Sin embargo, el proceso dejará de contar con financiamiento estatal y deberá ser afrontado con recursos propios.

Ese cambio despertó posiciones encontradas entre los dirigentes de distintos espacios políticos. Mientras algunos consideran que el Estado no debe destinar fondos para resolver las disputas internas de los partidos, otros advierten que la medida puede generar una competencia desigual entre las fuerzas con mayor estructura económica y aquellas con menos recursos.

Respaldo al autofinanciamiento

Entre quienes apoyan la iniciativa se encuentra el diputado Fernando Patinella (ADN-La Libertad Avanza), quien sostuvo que la propuesta va en línea con la idea de reducir el gasto público destinado a la actividad política.

“Esto va en línea con lo que nosotros veníamos planteando. La gente dice que está bien que el Gobierno no solvente a los partidos políticos ni a los candidatos. Creo que esta es una medida necesaria”, afirmó.

Una postura similar expresó el presidente de Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, al señalar que las internas deben ser organizadas y financiadas por cada partido.

“La gente no tiene por qué pagar las decisiones de los partidos. Los partidos chicos que no hagan internas y que se pongan de acuerdo si no pueden pagarlas”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, coincidió con el criterio de que cada fuerza afronte sus propios gastos, aunque planteó la necesidad de avanzar en un sistema transparente para los aportes privados.

“Cualquier movimiento económico debe ser pagado por el partido y también hay que habilitar la posibilidad de recibir aportes privados de manera transparente”, expresó.

Las advertencias de la oposición

Desde otros sectores políticos, en cambio, advirtieron que eliminar el financiamiento estatal puede afectar la igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas.

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, recordó que el esquema propuesto era similar al que existía antes de las PASO, aunque remarcó que el aporte público buscaba garantizar condiciones más equitativas.

“Hay que analizarlo porque puede poner en desventaja a las fuerzas más chicas. El financiamiento buscaba que todos los partidos tuvieran las mismas posibilidades”, indicó.

En el Partido Justicialista también cuestionaron ese aspecto del proyecto. Su presidente, Juan Carlos Quiroga Moyano, coincidió en que cada partido debe definir el mecanismo para elegir a sus candidatos, pero rechazó que el costo de las internas recaiga exclusivamente sobre las fuerzas políticas.

“Es un error que no haya financiamiento del Gobierno porque les quita posibilidades a los partidos que no son oficialismo y que no cuentan con recursos para organizar una interna abierta”, sostuvo.

Más crítico fue el presidente del Frente Renovador, Franco Aranda, quien advirtió que la medida podría dejar fuera de competencia a los espacios con menor capacidad económica.

“No hay que ponerle precio a la democracia. A los partidos más chicos los sacan del juego con esas medidas”, afirmó.

Desde el Partido de Izquierda, Cristian Jurado prefirió esperar el texto definitivo antes de fijar una postura, aunque recordó que su espacio históricamente definió sus candidaturas por consenso y cuestionó el trasfondo político de este tipo de reformas.

El debate que viene

Con posiciones divididas, el financiamiento de las internas aparece como el punto más sensible del proyecto oficial. Aunque existe consenso en otorgar mayor autonomía a los partidos para definir sus candidaturas, persisten diferencias sobre el impacto que tendrá el nuevo esquema en la competencia electoral, especialmente para las fuerzas con menor capacidad económica.

Ese será uno de los principales ejes de discusión cuando la iniciativa comience su tratamiento en la Legislatura provincial.