La pena capital sigue vigente en Mauritania, pero el país mantiene más de tres décadas sin ejecuciones

La pena de muerte continúa siendo parte del entramado legal de Mauritania, donde el Código Penal y la sharia islámica establecen la posibilidad de imponerla en casos de asesinato, terrorismo, apostasía y actos considerados delitos contra la moral, como la homosexualidad. Sin embargo, pese a que los tribunales siguen emitiendo este tipo de sentencias, el país lleva más de 38 años sin concretar una ejecución.

Desde 1987, Mauritania sostiene una moratoria de facto que ha frenado la aplicación práctica del castigo capital. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, esta situación coloca al país en una posición ambigua: la pena continúa vigente en la ley y se utiliza en fallos judiciales, pero no se han llevado a cabo ejecuciones en décadas.

Especialistas señalan que este doble escenario genera presión tanto interna como externa. Por un lado, sectores conservadores sostienen la importancia de mantener las disposiciones derivadas de la sharia; por otro, la comunidad internacional insiste en avanzar hacia la abolición definitiva. Mientras tanto, las personas condenadas permanecen en un limbo jurídico, sin certeza sobre el cumplimiento efectivo de la sentencia.

En los últimos años, Mauritania ha dado algunos pasos vinculados a reformas legales y compromisos internacionales, aunque sin modificar aún los artículos que habilitan la pena capital. Organismos como Amnistía Internacional y la ONU reiteran la necesidad de que el país transforme la moratoria en abolición formal, garantizando así mayor seguridad jurídica y una adecuación plena a los estándares internacionales de derechos humanos.

Mientras ese debate continúa, Mauritania sigue siendo uno de los muchos países en los que la pena de muerte existe en los códigos, pero no en la práctica. La discusión sobre su futuro —abrogación, mantenimiento o reforma— permanece abierta y marcada por tensiones políticas, religiosas y diplomáticas.