“El momento del debate ha terminado”. El comunicado de la Casa Rosada tensó el clima en el recinto de la Cámara de Diputados minutos antes de la votación en general de la Ley Ómnibus. El megaproyecto, que perdió en el camino más de la mitad de sus artículos, fue aprobado en general con los votos libertarios, los del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. En total, obtuvo 144 votos a favor y 109 en contra.

Sin embargo, Javier Milei todavía no puede cantar victoria. El martes que viene se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS. Milei aún corre el riesgo de quedarse con una cáscara vacía.

Las duras palabras del comunicado de la Oficina del Presidente dejaron en evidencia el fastidio del Gobierno con las provincias y los bloques dialoguistas, que a pesar de todos los cambios ya hechos siguen condicionando su apoyo a la realización de nuevas modificaciones en el texto.

“Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, sintetizó la Casa Rosada, en un intento de ponerle un límite a las presiones.

Ante la consulta de Infobae, desde el radicalismo reconocieron que la traba real sigue siendo la coparticipación del impuesto PAIS. Los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Martín Llaryora, fueron los más firmes y amenazaron con introducir por la fuerza cambios en favor de la coparticipación del tributo.

A pesar de que son tan sólo cinco diputados, desde otros bloques dialoguistas reconocen que una moción para coparticipar el impuesto PAIS podría cosechar con facilidad muchos apoyos en casi todos los espacios ya que beneficia a las provincias en detrimento del gobierno nacional.

“Habíamos acordado quitar el tema de la discusión; pero si lo meten, muchos de los nuestros se van a sentir tentados de votar a favor, más aún los de Unión por la Patria”, explicaron desde el radicalismo.

El impuesto PAIS está sobre la mesa desde hace varios días. Los gobernadores aseguran que el lunes pasado hubo un preacuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la controvertida reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde le pidieron que se reparta el 30% del impuesto. El Gobierno negó desde esa noche que hayan accedido al reclamo y se mantuvo firme en que no están dispuestos a reintroducir ningún eje del capítulo fiscal que retiraron hace una semana para presionar a las provincias.

“Con esta ley el gobierno no va a poder recaudar porque se quitó el capítulo fiscal (retenciones, blanqueo, jubilaciones, etc.). No puede salir perdiendo también con la coparticipación del impuesto PAIS”, explicaron desde el sector dialoguista. Los gobernadores buscan la forma de robustecer las arcas provinciales tras el recorte de las transferencias del Tesoro, de la obra pública y del impuesto a las Ganancias.

El texto que se aprobó en general fue votado con la exclusión de todos los artículos del paquete fiscal, excepto los dos referidos al impuesto PAIS. Esto deja abierta la posibilidad de introducir el tema durante la votación en particular. En la práctica se trata de un mecanismo que le garantiza a los diputados de la oposición que el Gobierno cumpla con la promesa de buscar alguna alternativa, por ejemplo, compensaciones a las deudas de las cajas previsionales de las provincias (Córdoba sería una de las más beneficiadas).

Por otro lado, los votos de los diputados de Córdoba son fundamentales para avanzar con otro punto central para el Gobierno: las emergencias y las facultades delegadas. En medio de las negociaciones, los cordobeses dejaron trascender que sólo estarían dispuestos a aprobar tres emergencias: fiscal, administrativa y de seguridad. Las mismas tres que tiene Llaryora como gobernador. Así, quedarían los votos muy justos para la emergencia tarifaria, económica y energética.

En cuanto a las privatizaciones, ayer se registraron importantes avances cuando el Gobierno envió una nueva redacción del capítulo, que incluye varios artículos nuevos. No obstante, el consenso no es total.

El listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres compañías que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Además, las empresas se dividieron en tres artículos, con sus respectivos anexos con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división buscaba facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Sin embargo, el recorte no logra por el momento suficientes apoyos y el radicalismo no apoya la privatización del Banco Nación.

Por otro lado, incluyeron un artículo para que antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Para la oposición este informe no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo. “No pueden definir ellos mismos cuánto vale una empresa antes de venderla”, ejemplificaron.