La Cámara de Diputados de San Juan cerró el calendario legislativo con avances importantes, pero también con dos definiciones de alto impacto que quedaron pendientes y que ahora podrían reactivarse en el corto plazo. En el ámbito político volvió a tomar fuerza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para abordar la Ley de Proveedores Mineros y la cobertura de la vacante en la Cámara Civil, dos temas sensibles tanto para el Ejecutivo como para el oficialismo legislativo.
De acuerdo a fuentes parlamentarias, ambos asuntos integraban la agenda que el Gobierno provincial buscaba resolver antes del inicio del próximo período ordinario, previsto para abril de 2026. Ante la demora, el Ejecutivo analiza formalmente la convocatoria a extraordinarias con el objetivo de destrabar definiciones que combinan impacto institucional y peso político.
La puja por el Camarista Civil
En el caso de la designación del Camarista Civil, el tratamiento estaba previsto para la última sesión del año, pero fue retirado del orden del día a último momento. La decisión respondió a la falta de consenso dentro del oficialismo y a la tensión entre el orreguismo y el bloquismo, que expusieron diferencias sobre el nombre a proponer.
De la terna elevada, el sector alineado con el gobernador Marcelo Orrego impulsa al juez de Familia Esteban De la Torre, mientras que el bloquismo sostiene la postulación de Marianela López, también jueza de Familia. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo y el riesgo de una votación fragmentada llevaron a postergar el debate.
Minería, un proyecto con peso político
Por su parte, la Ley de Proveedores Mineros arrastra un extenso recorrido en comisiones y en el debate político. Incluso, el propio Orrego la destacó como uno de los proyectos prioritarios durante la apertura del período ordinario 2025, lo que elevó su relevancia dentro de la agenda oficial.
La iniciativa apunta a fortalecer y regular la participación de proveedores locales en la actividad minera, un sector estratégico para la economía sanjuanina. Justamente por ese motivo, el oficialismo considera clave avanzar con su sanción antes de que el gobernador vuelva a inaugurar un nuevo período legislativo.
Si se concreta la convocatoria a extraordinarias, la Legislatura podría saldar dos discusiones sensibles que condensan tensiones políticas internas, definiciones institucionales y decisiones clave para el rumbo económico y judicial de la provincia.
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