El fallo fue firmado por el juez Enrique Alonso Regueira. El Ministerio de Justicia no pudo demostrar que no están en riesgo los programas para combatir la violencia de género.
La Justicia dio lugar a una cautelar de organizaciones feministas.
Mariano Fuchila
La respuesta del Ministerio de Justicia
Hasta ahora, el Ministerio de Justicia no emitió una comunicación oficial respecto al fallo judicial. Sin embargo, trascendió que negó las acusaciones y, sobre todo, que no estén garantizados los derechos consagrados en la Ley contra la violencia hacia las mujeres.
Según indicaron en el comunicado, «el Estado negó aquello que ellos mismos habían anunciado airadamente por las redes sociales: el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país».
El Ministerio de Justicia le contestó al juez que “simplemente, y en uso de sus atribuciones, la actual gestión de gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos, tal como se ha detallado y surge de las disposiciones y decretos publicados y en vigencia”.
Sin embargo, para el juez no fue suficiente. «El Estado no ha respaldado con documentación sus afirmaciones para demostrar de qué forma se estarían garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género», indicó.
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