El Banco San Juan recibió un duro revés en la Justicia en su intento por frenar la demanda colectiva que lo acusa de cobrar seguros no autorizados a sus clientes. La jueza Adriana Tettamanti rechazó el planteo de la entidad financiera, que buscaba dejar fuera del proceso a la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y, en los hechos, desactivar la causa.
La estrategia del banco apuntaba a cuestionar la legitimación de la organización, es decir, su capacidad legal para representar a los damnificados. En concreto, intentó “sacarla de la cancha” argumentando que no había identificado con precisión a los afectados ni el alcance del reclamo.
Sin embargo, la magistrada desestimó ese planteo y dejó en claro que hay elementos suficientes para que la asociación intervenga. Incluso remarcó que la propia entidad reconoció la existencia de clientes vinculados a la contratación de esos seguros, lo que refuerza la base del reclamo.
La causa gira en torno a una presunta práctica irregular: el descuento de seguros que, según la denuncia, no fueron solicitados por los usuarios o cuyos comprobantes nunca fueron entregados. Entre los afectados hay trabajadores y jubilados, lo que le da aún más peso al caso.
El expediente no es menor: además de exigir el cese inmediato de los cobros, la demanda reclama la devolución del dinero con intereses y la aplicación de una multa por daño punitivo que ronda los 2.300 millones de pesos.
El banco también intentó cerrar otra puerta al plantear que la causa estaba prescripta, amparándose en la Ley de Seguros. Pero ese argumento tampoco prosperó. La jueza consideró que se trata de una acción colectiva sobre una práctica que podría ser generalizada, por lo que aplicar los plazos de prescripción de manera automática sería improcedente.
En paralelo, la entidad buscó correrse del foco al pedir que se incorporen como responsables a las compañías aseguradoras. Aunque la jueza habilitó su participación en el proceso, dejó en claro que el banco no puede desentenderse de su rol, ya que actúa como intermediario con facultades concretas en la comercialización de esos productos.
Por último, también fue rechazado el intento de declarar inconstitucional una norma clave sobre intereses, otro de los planteos con los que el banco intentó limitar el impacto económico de una eventual condena.
Con este escenario, la causa sigue en pie y entra en una etapa decisiva, donde se deberá determinar si existió una maniobra irregular y cuál fue el alcance real del perjuicio a los clientes.
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