La Justicia Federal avanza en el reclamo de la UNSJ: ordena verificar si hay menores en el terreno usurpado

La causa por la usurpación del terreno perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sumó una novedad determinante en el fuero federal. A poco más de dos meses de que la casa de altos estudios radicara la denuncia formal, el juez Leopoldo Rago Gallo emitió un dictamen mediante el cual le requirió a la Policía de San Juan una inspección en el inmueble para constatar quiénes habitan el lugar y en qué condiciones se encuentran.

El terreno en disputa, de aproximadamente 23.000 metros cuadrados, se ubica sobre calle Rastreador Calívar y Costa Canal, antes de Benavídez, en Rivadavia. La institución académica logró certificar ante la Justicia la titularidad del inmueble —la cual ostenta desde 1977— luego de que vecinos de la zona advirtieran sobre la presencia de personas en el interior del predio, donde además se habrían registrado hechos ilícitos y el funcionamiento precario de un lavadero.

El propósito central del requerimiento judicial es verificar si dentro de las estructuras residen niños, niñas o adolescentes. De ser así, la ley exige la intervención previa del Ministerio Público de la Defensa para resguardar los derechos constitucionales e integridad de los menores de edad o personas incapaces ante cualquier eventual medida de desalojo. Por ello, la fuerza policial deberá identificar a los grupos familiares e informar sobre los riesgos ostensibles y la vulnerabilidad del entorno.

El informe policial resultará indispensable no solo por el plano social y legal, sino también por razones de seguridad edilicia. Según un relevamiento técnico llevado a cabo por la Dirección General de Construcciones Universitarias, las edificaciones en desuso presentes en el predio sufren un severo deterioro y se encuentran al borde del colapso. Por esta razón, las autoridades universitarias proyectan la demolición total del lugar una vez concretada la restitución del inmueble público.

Rivero. C