El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en el primer titular de este cargo en ser imputado formalmente en la historia de la democracia española.
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha asumido la investigación sobre un presunto delito de revelación de secretos que involucra tanto a García Ortiz como a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Este caso marca un precedente histórico en el sistema judicial español, poniendo en entredicho la figura del máximo representante del Ministerio Público.
Imputación y Contexto Judicial
El Tribunal Supremo ha aceptado su competencia para investigar a Álvaro García Ortiz, tras recibir una exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en junio. Este paso fue dado debido a la condición de aforado de García Ortiz y los indicios preliminares que sugieren su implicación en la filtración de información confidencial sobre un empresario, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esta filtración se habría dado en el marco de la negociación de un pacto de conformidad por un supuesto delito fiscal, lo que ha provocado la acusación de revelación de secretos contra el fiscal general.
El caso se basa en una nota informativa, con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue emitida el 14 de marzo de 2024. Esta nota detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación en las que estaba implicado González Amador.
Lo que ha llevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a abrir una causa para determinar si dicha divulgación constituye un delito de revelación de secretos, según lo establecido en el artículo 417 del Código Penal español.
Revelación de Secretos: Artículo 417 del Código Penal de España
El Tribunal Supremo ha señalado que el elemento clave a determinar en este caso es si las acciones de García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández encajan dentro del marco del artículo 417 del Código Penal. Este artículo establece que cualquier autoridad o funcionario público que revele secretos o información confidencial obtenida en el ejercicio de su cargo, y que no deba ser divulgada, puede ser sancionado.
La Sala de lo Penal ha concluido que en este caso se cumple el primer requisito del delito. Es decir, la existencia de una autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de información reservada y la divulga de manera indebida. El tribunal evaluará si esta acción fue intencionada y si la información confidencial fue utilizada para influir en el proceso judicial o para obtener algún beneficio.
Reacción de García Ortiz y Llamadas a Su Dimisión
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Álvaro García Ortiz ha decidido aferrarse a su cargo y no presentar su dimisión a pesar de la presión de las principales asociaciones de fiscales y sectores políticos. Estas asociaciones han pedido su renuncia inmediata, argumentando que el fiscal general ha «perdido completamente su autoridad moral» para seguir desempeñando sus funciones.
En respuesta, García Ortiz emitió un comunicado oficial en el que convoca a una Junta de Fiscales para informar sobre su situación y escuchar las opiniones de los miembros de los órganos de asesoramiento del Ministerio Público. En su declaración, García Ortiz afirmó que el caso en su contra es una «persecución política» y defendió la legalidad de sus acciones.
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