La Justicia confirmó que dos acusados por estafas con viviendas falsas sigan imputados

El Tribunal de Impugnación rechazó los planteos de las defensas de Roberto Bolado y Paola Masquijo, señalados junto a Beatriz Bolado por conformar una asociación ficticia que ofrecía casas del IPV a cambio de dinero.

El Tribunal de Impugnación rechazó los planteos de los defensores de Roberto Bolado y Paola Masquijo. Ambos están señalados junto a Beatriz Bolado por ofrecer casas a través de una supuesta operatoria del IPV que nunca se concretó.

El juez del Tribunal de Impugnación, Juan Carlos Caballero Vidal (h), desestimó los reclamos de los abogados de Roberto Bolado y Paola Masquijo, dos de los tres imputados por una presunta estafa a través de una asociación civil inexistente que prometía la construcción de 120 viviendas en San Juan.

Según la investigación, la llamada Asociación Civil Virgen del Valle no figura en Personería Jurídica y habría sido utilizada para convencer a familias de entregar dinero bajo la promesa de gestionar casas mediante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La tercera acusada es Beatriz Bolado, quien aparece como presidenta de la entidad, mientras que su hermano Roberto figuraba como secretario y Masquijo como tesorera.

El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, detalló que el contrato con los denunciantes se firmó en 2015, pero nunca se consiguió el terreno, requisito fundamental para que el IPV habilite la construcción. Hasta el momento hay tres denunciantes, aunque no se descarta que aparezcan más casos.

En la audiencia, el defensor de Roberto Bolado, Jorge Nicolás Ramírez Manrique, pidió la prescripción de la acción penal alegando que desde la firma del contrato hasta las primeras denuncias (presentadas en marzo de este año) no hubo actos que interrumpieran el plazo legal. Sin embargo, el fiscal Alvo y la querellante Fabiana Salinas se opusieron al sostener que se trata de un delito continuado, ya que las víctimas siguieron pagando sumas de dinero: $110.000 iniciales por la carpeta habitacional y cuotas mensuales de $150.000. El juez adhirió a esta postura y rechazó el planteo.

Por otra parte, el abogado Martín Zuleta, representante de Paola Masquijo, pidió que su clienta quedara fuera de la causa porque —según argumentó— en el inicio de la investigación no le detallaron los hechos ni las pruebas en su contra. El juez coincidió en que hubo falencias en esa comunicación, pero resolvió que Masquijo continúe imputada, aunque revocó las medidas cautelares en su contra.

De este modo, los tres sospechosos seguirán bajo investigación judicial mientras se acumulan pruebas y se esperan nuevos testimonios de posibles damnificados.

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