La Defensoría del Pueblo de San Juan va a la Justicia por la suspensión de pensiones por discapacidad
Florencia Peñaloza presentó una acción colectiva para frenar los recortes de Pensiones No Contributivas por Invalidez, denunciando irregularidades y vulneración de derechos fundamentales. También pidió una medida cautelar para restablecer los beneficios.
La Defensoría del Pueblo de San Juan, a cargo de Florencia Peñaloza, presentó una acción judicial ante la Justicia Federal con el objetivo de anular los actos administrativos que ordenaron la suspensión irregular de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez. La medida también incluye el pedido de una cautelar urgente para reactivar de inmediato los beneficios suspendidos y proteger aquellos que aún siguen vigentes.
La presentación se fundamenta en denuncias de personas con discapacidad que vieron interrumpidas sus pensiones sin una causa justificada. “Nos encontramos ante la necesidad de representar a sanjuaninos en situación de extrema vulnerabilidad, cuyos derechos alimentarios fueron vulnerados”, explicó Peñaloza en declaraciones al programa Todos Vivos.
La defensora señaló que el proceso de auditoría llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo graves fallas. “Muchos beneficiarios cumplieron todos los requisitos formales y, aun así, les suspendieron la pensión. Además, los sistemas colapsaron: los correos electrónicos se rebotaban, las plataformas fallaban, y eso afectó directamente a personas que no tenían ninguna responsabilidad en los errores administrativos”, detalló.
La acción judicial tiene carácter colectivo y busca no solo el restablecimiento inmediato de las pensiones, sino también la declaración de inconstitucionalidad del decreto nacional que habilitó las suspensiones masivas, por considerar que vulnera derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
“La urgencia es real. Estamos hablando de un universo muy amplio de sanjuaninos que quedaron expuestos a una vulneración sistemática de sus derechos, sin recursos para afrontar siquiera sus necesidades básicas”, advirtió Peñaloza.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá decidir si da curso a la medida cautelar y analiza la constitucionalidad de los recortes. Mientras tanto, cientos de familias esperan una respuesta que les devuelva el acceso a un beneficio clave para su subsistencia.
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