La Defensoría del Pueblo de San Juan frenó las bajas de pensiones por discapacidad con una medida cautelar

El fallo beneficia a cientos de personas en la provincia y se extiende a nivel nacional. Se ordenó rehabilitar beneficios suspendidos y garantizar la protección de derechos mientras se resuelve el fondo del amparo.

La Defensoría del Pueblo de San Juan logró un importante avance judicial en defensa de las personas con discapacidad. Este jueves se dictó una medida cautelar favorable que ordena frenar las bajas de pensiones no contributivas por invalidez y rehabilitar los beneficios suspendidos en todo el territorio provincial.

La acción fue impulsada por la defensora del pueblo, María Florencia Peñaloza, en el marco de un amparo colectivo que busca frenar la quita masiva e irregular de pensiones que afecta a cientos de familias vulnerables en San Juan y en el resto del país.

“Ha sido un camino complejo, con múltiples instancias y enormes desafíos, pero logramos que se reconozca la legitimidad del reclamo y se priorice la dignidad de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, expresó Peñaloza tras conocerse la resolución.

Rehabilitación inmediata y protección legal

La medida ordena detener de forma inmediata nuevas suspensiones de pensiones y restituir aquellas que ya habían sido dadas de baja, asegurando así una protección urgente e integral para los beneficiarios afectados mientras se resuelve el fondo del litigio.

Desde la Defensoría destacaron que el fallo no solo alivia la situación de cientos de personas con discapacidad en San Juan, sino que sienta un precedente jurídico de alcance nacional, al haberse replicado la medida en otras provincias a través de una articulación federal entre defensorías del pueblo.

“Gracias al esfuerzo articulado entre distintas Defensorías del país, conseguimos que esta misma medida se extienda a todo el territorio nacional, garantizando igualdad de protección a cada persona con discapacidad”, explicó Peñaloza.

Un fallo con impacto social y humano

La titular de la Defensoría sanjuanina subrayó que este fallo representa una victoria en materia de derechos humanos y justicia social. “Esta resolución devuelve esperanza y justicia a cientos de familias. Defender los derechos de los sanjuaninos no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso humano”, concluyó.

El reclamo judicial surgió a raíz de denuncias por suspensiones arbitrarias o sin previo aviso de pensiones no contributivas que muchas personas reciben como único ingreso y medio de acceso a tratamientos médicos, medicamentos, transporte adaptado o asistencia técnica.

Con esta resolución, la Defensoría del Pueblo de San Juan reafirma su misión de garantizar la igualdad, la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, exigiendo al Estado una política social inclusiva y respetuosa del marco legal vigente.

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