El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que solicitará órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes en Afganistán, Haibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema afgana, Abdul Hakim Haqqani, por su responsabilidad en la persecución de las mujeres, considerada un crímen de lesa humanidad.

Khan denunció que esta persecución continua implica «numerosas y graves violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas», como el derecho a la integridad física, a la autonomía, a la libertad de circulación y expresión, el derecho a la educación, a la vida privada y familiar, así como la libertad de reunión. “Existen motivos razonables para creer que tanto Akhundzada como Haqqani tienen responsabilidad penal por el crimen de persecución por género», afirmó el fiscal en un comunicado.

El fiscal agregó que solicitará órdenes de arresto contra otros dirigentes del régimen talibán, al tiempo que resaltó que se están cometiendo otros crímenes de lesa humanidad en Afganistán. Según Khan, «las mujeres y las niñas afganas, así como los miembros de la comunidad LGTBQI+, afrontan una persecución inadmisible, sin precedentes y continuada por parte de los talibanes».

Asimismo, Khan subrayó que cualquier forma de oposición o resistencia al régimen talibán fue brutalmente reprimida, mediante «crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

El caso ahora deberá ser evaluado por los jueces de la CPI, con sede en La Haya, quienes decidirán si se emiten o no las órdenes de arresto, un proceso que podría tomar semanas o incluso meses. La Corte, encargada de juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar sus órdenes, por lo que depende de la cooperación de sus 125 países miembros para hacerlas cumplir.

De vuelta al ruedo

Los talibanes, que recuperaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, inicialmente habían prometido ser más flexibles en cuanto a los derechos de las mujeres, en relación a su primer período al frente del país, entre 1996 y 2001. Sin embargo, han ido imponiendo gradualmente una serie de restricciones, que la ONU califica como un verdadero “apartheid de género”.

En la actualidad, las mujeres afganas no pueden acceder a la universidad ni a la educación secundaria, ni pueden visitar parques, gimnasios o salones de belleza sin la compañía de un familiar masculino. En los últimos tres años, las autoridades de facto implementaron más de 70 edictos, directivas y decretos que despojan a la mujer de sus derechos fundamentales, según denuncia la ONU Mujeres.

Además, las mujeres están prohibidas de cantar o recitar poesía, y deben cubrirse completamente cuando salen de sus casas, en cumplimiento de una interpretación estricta de la ley islámica, reforzada por un organismo conocido como «policía de la moral», instaurada por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, creado tras su vuelta al poder.

Khan afirmó que «la interpretación de la sharía que los talibanes aplican no puede ser utilizada como justificación para la privación de los derechos humanos fundamentales». En respuesta, el gobierno talibán sostiene que la ley islámica garantiza los derechos de las mujeres, y que las críticas internacionales carecen de fundamento.

Por lo demás, en junio de 2023, el actual líder del régimen afirmó que las mujeres afganas habían sido liberadas de la «opresión«, según la visión talibán, asegurando que el gobierno había restaurado su estatus como «seres humanos libres y dignos».

«Comandante de los creyentes»

Akhundzada, el líder supremo de los talibanes, es considerado responsable de muchas de las draconianas restricciones impuestas a las mujeres en Afganistán. Aunque vive recluido en Kandahar, en el sur del país, y rara vez se muestra en público, su figura sigue siendo central en el régimen. Su última aparición pública fue en agosto de 2024, al cumplirse tres años de la reconquista talibán de Afganistán.

«Hermanos, es nuestra responsabilidad estar al servicio de la religión, la aplicación de la sharia es nuestra responsabilidad hasta la muerte«, declaró entonces el emir, a tres años que los talibanes se habían vuelto a poner al frente del país.

Fue nombrado líder del movimiento en mayo de 2016, tras la muerte de su antecesor, Mansur, en un bombardeo con dron estadounidense. Desde entonces, Akhundzada mantiene un perfil bajo, dedicándose a gobernar mediante decretos desde su bastión en Kandahar.

A pesar de su discreción, Akhundzada logró ganarse el respeto de figuras clave dentro del universo yihadista, como Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda, quien lo calificó como “comandante de los creyentes”.

Un paso crucial

La decisión del fiscal de la CPI fue recibida positivamente por mujeres afganas y organismos internacionales. Shukria Barakzai, ex diputada afgana y exembajadora en Noruega, celebró el anuncio de Khan, que en su opinión «es una victoria para el feminismo en general y las mujeres en Afganistán en particular».

Por su parte, el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, calificó la medida como un «paso crucial para que se rindan cuentas» en el país, y una señal al pueblo afgano de que «sus derechos no han sido olvidados».

Según Human Rights Watch (HRW) , la iniciativa podría poner nuevamente el destino de las mujeres afganas en el centro de la agenda internacional. Heather Barr, directora adjunta de derechos de las mujeres en HRW, subrayó que «es un momento crucial para las mujeres y niñas afganas, que han esperado demasiado tiempo por justicia», pero también consideró que la decisión llega con mucho retraso. «Los afganos han estado esperando que la Corte Penal Internacional actúe desde 2006.», expresó Barr en su perfil de X.