En una decisión clave para el avance y juzgamiento de las causas de lesa humanidad en San Juan, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en forma definitiva la condena a 18 años de prisión efectiva impuesta al militar retirado Juan Carlos Méndez Casariego. Con este pronunciamiento, el máximo tribunal del país revirtió la absolución que había beneficiado al exrepresor hace cinco años.
La resolución judicial hizo lugar al planteo presentado por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, respaldando la actuación sostenida por el Ministerio Público Fiscal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.
El recorrido judicial se remonta a octubre de 2018, cuando concluyó el segundo Megajuicio en la provincia. En aquella oportunidad, el Tribunal Oral Federal juzgó los crímenes cometidos por el grupo de tareas que actuó en la dictadura militar, dictando prisión perpetua para referentes como Jorge Olivera, Gustavo De Marchi y Daniel Gómez, además de fijar la pena de 18 años para Méndez Casariego. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó dicha pena y absolvió al acusado por considerar insuficiente el material probatorio. La medida generó el rechazo inmediato de organismos de derechos humanos y querellantes, motivando la apelación de la Procuración.
Durante el régimen militar, Méndez Casariego se desempeñaba como teniente primero y jefe de la Compañía Comando del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22. En ese rol, estuvo encargado de instruir sumarios militares a detenidos políticos alojados en el Penal de Chimbas. El dictamen fiscal ratificado por la Corte remarcó que el imputado no podía desconocer los vejámenes infligidos a los prisioneros.
Entre las pruebas fundamentales del caso figura el crimen de Alberto Carvajal, quien falleció en la cárcel de Chimbas un día después de firmar una declaración en un sumario a cargo del propio exmilitar. Si bien la versión oficial fraguada en la época adujo un suicidio, las investigaciones acreditaron que Carvajal murió por las torturas recibidas.
La Justicia concluyó que la intervención de Méndez Casariego fue clave para dar una cobertura de falsa legalidad al aparato represivo. Mediante la elaboración de actas fraguadas, garantizó impunidad y seguridad jurídica a los autores directos de las torturas y ejecuciones, cerrando así la vía de revisión sobre su responsabilidad penal y dejando firme su condena.
Rivero. C
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