La Corte respalda a Baigorrí y reubica a los exsupervisores: señales de equilibrio en el inicio de gestión

El máximo tribunal dio luz verde al equipo elegido por el nuevo fiscal General y evalúa destinos para los funcionarios desplazados del esquema de Quattropani. En Tribunales hablan de apoyo político y contención institucional.

La llegada de Guillermo Baigorrí a la conducción del Ministerio Público tuvo un gesto inmediato de la Corte de Justicia: el aval para trasladar a cinco funcionarios que integrarán su equipo de confianza. El respaldo quedó explícito durante el acto de asunción, cuando la presidenta del tribunal, Adriana García Nieto, aseguró que el nuevo fiscal General contará con “el acompañamiento y el compromiso” de todos los ministros.

El visto bueno no fue improvisado. Según confirmaron fuentes judiciales, el acuerdo para autorizar los traslados se había conversado antes de la jura, lo que permitió que el armado del nuevo equipo se concretara en pocas horas.

Contención para los desplazados

La Corte también dio una segunda señal: garantizará una salida institucional para los cuatro exsupervisores designados en su momento por el fallecido fiscal General Eduardo “Jimmy” Quattropani, separados del cargo tras la reorganización inicial de Baigorrí.

Entre las alternativas se analiza reubicarlos en áreas vinculadas a la materia penal del propio tribunal. En ese marco, se mencionan como posibles destinos las Secretarías donde se tramitan recursos y apelaciones. La demanda allí es alta, sobre todo por la carga que representa la megacausa de las expropiaciones, lo que abre margen para reforzar equipos sin generar fricciones.

Los exsupervisores —Fernando Rahmé, Rolando Lozano, César Osollo y Mauricio Noguera— se tomarán una semana de licencia, período en el que la Corte definirá caso por caso. En el tribunal descartan cualquier ánimo de revancha y destacan que se trata de funcionarios con trayectoria, capacidad técnica y experiencia valiosa.

La relación Corte–Fiscalía, un eje que se mantiene

Desde la puesta en marcha de la Flagrancia en 2017 y del sistema acusatorio —en 2021 de forma parcial y en 2024 en su plenitud— la Corte ha respondido a las necesidades del Ministerio Público, ya sea en infraestructura, equipamiento o recursos humanos. Ese mensaje volvió a aparecer en el discurso de García Nieto, quien destacó que Fiscalía “ha crecido exponencialmente” en volumen de tareas y estructura.

El tribunal también salió al cruce del malestar interno por los 246 ascensos recientemente otorgados, entre los que solo uno fue para Fiscalía. Desde la Corte insisten en que entre 2021 y 2024 hubo múltiples promociones para ese sector, justamente por la transición al nuevo modelo procesal, lo que retrasó reconocimientos en otros fueros.

El equipo que rodeará a Baigorrí

En esta nueva etapa, Baigorrí armó un equipo de perfiles técnicos, varios con paso por el propio máximo tribunal:

  • Héctor Fabián Melo, especialista en derecho penal y exsecretario Letrado de la Corte.

  • Julieta Mercado, con trayectoria en la Secretaría del tribunal y hasta ahora en la Sala II de la Cámara Laboral.

  • Jorge Albarracín, exsecretario Relator de la Corte y cercano a Melo.

  • Sandra Gutiérrez, proveniente de los juzgados penales de Niñez y Adolescencia.

  • Rodrigo Zabaleta, abogado del área de asesoramiento del Colegio de Jueces.

Todos ellos quedarán bajo la órbita de Fiscalía General con funciones de asesoramiento técnico y articulación interna. El propio Baigorrí confirmó que no continuará con el esquema de supervisores instaurado por Quattropani y que su equipo tendrá una dinámica distinta a la de la gestión anterior, con un vínculo más acotado respecto de los fiscales coordinadores.

Un mensaje político hacia adentro

La Corte insistió en que el éxito del sistema acusatorio depende de una coordinación fina entre los ministros y el Ministerio Público. En esa línea, el apoyo a Baigorrí y la contención para los desplazados buscan evitar tensiones y garantizar un inicio de gestión ordenado.

El desafío, remarcan en Tribunales, no es menor: redefinir la conducción del Ministerio Público tras el fin de la era Quattropani y hacerlo sin fracturas internas que comprometan el funcionamiento del sistema penal.

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