La Corte cerró la causa por violencia política del 8M y respaldó a la provincia
El máximo tribunal rechazó el recurso de un grupo de mujeres que denunciaron persecución estatal tras una marcha en 2022. Ratificó que no hubo arbitrariedad ni violencia institucional por parte del Gobierno.
La Corte de Justicia de San Juan puso punto final a la causa en la que un grupo de mujeres acusaba a la provincia de ejercer violencia política durante la marcha del 8 de marzo de 2022. Con los votos de los ministros Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur y Guillermo De Sanctis, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por las denunciantes y ratificó el fallo absolutorio dictado previamente por la Cámara Civil.
El reclamo se originó luego de que, tras la movilización por el Día Internacional de la Mujer, se registraran pintadas en la fachada de la Escuela Normal Sarmiento, lo que motivó una denuncia penal por parte del entonces director de Patrimonio Cultural. Cuatro mujeres fueron imputadas, aunque posteriormente resultaron sobreseídas.
En paralelo, las manifestantes iniciaron una demanda en el fuero Contencioso Administrativo alegando haber sido víctimas de violencia pública-política por parte del Estado. En 2023, la jueza Adriana Tettamanti les dio la razón, calificando el accionar del Gobierno como persecutorio y sin sustento patrimonial acreditado.
Ese fallo fue revocado en noviembre por la Sala IV de la Cámara Civil, integrada por Juan Jesús Romero, María Josefina Nafic y María Eugenia Varas, quienes concluyeron que la denuncia no impidió el pleno ejercicio de derechos políticos, ni estuvo motivada por la condición de género de las involucradas.
El expediente llegó a la Corte, donde finalmente se cerró la discusión: los ministros rechazaron por defectos técnicos y falta de fundamentos jurídicos claros el recurso de las mujeres. El fallo indica que la sentencia de Cámara no fue arbitraria ni absurda, y que las demandantes no demostraron con precisión qué norma fue mal aplicada ni justificaron adecuadamente sus pedidos de nulidad y revocación.
Con esta decisión, la provincia quedó definitivamente desligada de la acusación, lo que evita un precedente institucional sin antecedentes en el país. El fallo reafirma la postura judicial de que el accionar estatal en ese contexto no constituyó violencia política de género.
Op: Juan Llarena
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