La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, que persiste en México un pacto de silencio entre las autoridades para mantener el crimen impune y sin resolver.

«Subsisten una serie de obstáculos»

La CIDH respaldó en un comunicado el último informe que presentó su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en julio de 2023 abandonó el país por acusar a las Fuerzas Armadas de no entregar toda la información sobre los hechos, ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, estado del sur de México.

«Subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el GIEI en su último informe; y persiste el llamado ‘pacto de silencio’, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores», indicó el organismo internacional.

La CIDH resaltó que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, el Estado impulsó la búsqueda de los estudiantes, el acceso a la verdad y a la justicia, así como la sanción a los responsables. También, destacó la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (UEILCA). «Sin embargo, tras esos importantes avances, preocupa a la CIDH la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada», lamentó el organismo internacional.

De hecho, López Obrador contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo Fuerzas Armadas.

La CIDH reconoció que la próxima administración, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, anunció su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso. «Para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo auténtico y transparente entre todos los actores involucrados, incluyendo a las familias de los desaparecidos y sus representantes legales», apuntó.

La palabra de López Obrador

Mientras tanto, López Obrador afirmó que hizo todo lo posible en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera con todos mis sentimientos: no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, remarcó durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente mexicano aseguró que los familiares de los jóvenes están en todo su derecho de manifestarse en contra de él por no resolver el caso y expresó su tristeza y solidaridad con ellos. “Hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Decirles (a madres y padres) que estamos nosotros, todavía en lo que nos queda, trabajando para encontrarlos (a los estudiantes)”, enfatizó.

También mencionó que, tal como lo expresó en una carta que les envío el martes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el próximo 1 de octubre, es una mujer muy sensible y tiene la intención de darle continuidad a la investigación. Además, señaló que, aunque su intención es resolver el caso, la situación se ha complicado por intereses que no especificó, pero aseguró: «La verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega».

Avances y demoras

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se defendió la «verdad histórica», que sostenía que los estudiantes desaparecidos fueron entregados por policías a criminales y asesinados. Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que acompaña a las familias como perito forense en las investigaciones– cuestionaron esta versión por falta de evidencias. La versión oficial se derrumbó con la identificación de restos de dos estudiantes en 2020 y 2021, lo que desmintió el relato de la incineración de los cuerpos en un basural en Cocula.

«En este momento lamentablemente no se están produciendo los avances que se esperaban, seguimos sin saber qué es exactamente lo que pasó con los estudiantes», señaló a Página/12 Mercedes Doretti, miembro fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense y directora para Centro y Norteamérica del EAAF.

La antropóloga precisó que algunos de los retrasos en la causa en los últimos años se debe a la renuncia del fiscal ante distintas presiones que recibió e intromisiones en su trabajo y la retirada del GIEI de la investigación. «Como en otros casos de violaciones a los derechos humanos, además del crimen está el tema del encubrimiento o el tratar de fabricar una versión que no se ajusta a la verdad», lamentó Doretti.