La investigación penal por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum continuará su curso pese al fallecimiento del empresario Gustavo Monti, ocurrido este miércoles luego de atravesar una enfermedad que había deteriorado su estado de salud.
Fuentes del Ministerio Público señalaron a este medio, bajo estricta reserva, que la causa no sufrirá alteraciones. “La investigación sigue adelante”, resumieron desde el organismo, y precisaron que el expediente se encuentra aún en una etapa preliminar. “No hay formalización contra ninguna persona. Es una causa compleja que requiere análisis técnico y debe pensarse a largo plazo”, agregaron.
El mensaje apunta a despejar especulaciones sobre un eventual cierre del caso tras la muerte de uno de los empresarios mencionados en publicaciones periodísticas que dieron origen a la denuncia. Según aclararon, la presentación judicial no solicitaba investigar puntualmente a Monti, sino posibles irregularidades en el manejo estatal vinculado a la obra.
Monti había adquirido notoriedad pública a raíz de las demandas que inició contra los periodistas Antonio Canales y Osvaldo Benmuyal, a quienes acusó de afectar su imagen con declaraciones sobre su persona. En ambos casos, la Justicia resolvió a favor de los comunicadores, que fueron sobreseídos. En el marco de esos procesos comenzó a difundirse documentación que lo vinculaba con una empresa privada que participó en la construcción del acueducto, una obra estratégica impulsada durante la gestión del entonces gobernador Sergio Uñac.
Las sospechas giran en torno al proceso licitatorio para la provisión de tuberías, adjudicado a Krah América Latina S.A., firma que diversas publicaciones periodísticas relacionaron con Monti como presunto referente local. También se mencionó una supuesta comisión facturada por PVC San Juan SRL y la existencia de registros fotográficos junto a directivos de la compañía en actos oficiales vinculados con la licitación.
La denuncia penal fue presentada por el abogado y expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, quien fundamentó su planteo en enlaces a artículos del diario digital Tiempo de San Juan. A partir de esa presentación se abrió un expediente que quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez.
Por el momento, desde Fiscalía mantienen la cautela. Insisten en que no hay imputaciones formales y que las medidas en curso demandarán tiempo, pericias y revisión documental antes de definir eventuales responsabilidades.
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