La Casa Blanca expresó este lunes su «plena confianza» en la legalidad de la decisión del presidente, Donald Trump, de deportar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua (TdA) a El Salvador, aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma usada por última vez en la Segunda Guerra Mundial, pese a la orden de bloqueo de su aplicación por parte de un juez federal.

«Esta administración actuó dentro del marco de la ley», afirmó la portavoz del Gobierno, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa el domingo. «Tenemos plena confianza en que ganaremos este caso en los tribunales«, zanjó la vocera. En un mensaje en X, Leavitt enfatizó que la suspensión judicial «fue emitida después de que los terroristas TdA, extranjeros, ya hubieran sido expulsados del territorio» estadounidense, por lo que «no ‘se negó a acatar’» la orden.

El sábado, 238 presuntos integrantes del TdA y una veintena de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, a 75 km de San Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele calificó la operación como una «asociación» con Estados Unidos para «ayudar a combatir el crímen» al transferir inmigrantes ilegales vinculados a grupos terroristas al sistema penitenciario salvadoreño, actualmente sobrepoblado, a cambio de una «suma menor» que ayudará a su sostenibilidad.

«Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT (…) por un período de un año (renovable). Los Estados Unidos pagarán una suma menor para ellos, pero alta para nosotros«, escribió Bukele en un posteo en X, en su totalidad en inglés, acompañado de un video del operativo.

En el material, se ve a las fuerzas militares acompañando a los detenidos de los tres aviones que los trasladaron, aterrizados por la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, hacia autobuses de camino al CECOT. «Estamos ayudando a nuestros aliados, haciendo que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible y obteniendo información vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción. Que Dios bendiga El Salvador, y Dios bendiga a los Estados Unidos«, zanjó el salvadoreño.

¿»Tiempo de guerra»?

Al emitir la orden de deportación, Trump argumentó que tenía derecho a declararlos «enemigos extranjeros», término contemplado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ya que ambas pandillas forman parte de organizaciones que Estados Unidos tiene listadas como terroristas. La ley, diseñada para tiempos de guerra, le permite al estado detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa, siempre que estos sean mayores de 14 años y estén en Estados Unidos sin una residencia permanente, bajo la figura de «enemigos extranjeros».

No obstante, el juez federal de Washington, James Boasberg, había prohibido preventivamente la aplicación de la norma tras una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, bloqueando la deportación de cinco venezolanos y poco después amplió su veto a todos los no ciudadanos en custodia estadounidense, ordenando el retorno de los aviones parte del operativo. Boasberg defendió la prohibición, extendida por 14 días, argumentando que la antigua ley se refiere a países que hayan realizado «actos hostiles equivalentes a una guerra».

Sin embargo, los aviones, que ya se encontraban en vuelo, aterrizaron en El Salvador en la madrugada, a pesar de las órdenes del juez. «Oopsie.. Demasiado tarde«, reaccionó Bukele este domingo en X, acompañando su frase con un emoji burlón y una copia de la noticia del bloqueo judicial difundida por el diario New York Post.

En un documento judicial presentado el domingo, el Departamento de Justicia estadounidense, que apeló la decisión de Boasberg, declaró que no utilizará la proclamación de Trump, bloqueada por el juez, para futuras deportaciones si su fallo no es revocado.

El republicano evitó responder si su administración había violado la orden judicial cuando habló con periodistas a bordo del avión presidencial, en la noche del domingo. «No lo sé. Tendrán que hablar con los abogados sobre eso», dijo, aunque defendió sus deportaciones. «Lo que sí puedo decirles es que estas eran personas malas», aportó el mandatario.

Al ser preguntado sobre el uso de poderes presidenciales reservados para tiempos de guerra, Trump respondió que la afluencia de los migrantes criminales es similar a «una invasión» del territorio. «Este es un tiempo de guerra», dijo el magnate inmobiliario.

En su declaración, Trump apuntó específicamente al Tren de Aragua, considerado como «grupo terrorista» por Estados Unidos, que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».

Ante esa decisión, el gobierno venezolano consideró que Trump «criminaliza» a migrantes de la nación sudamericana usando esa antigua ley que calificó de «anacrónica» e injusta. «Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana», reza un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.

Un «precio justo»

Trump agradeció a El Salvador y en particular a Bukele por «su comprensión ante esta horrible situación», que atribuyó a la «incompetencia del liderazgo demócrata» previo a su administración. «Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país», escribió el republicano en su propia red social, Truth Social.

En febrero, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a «peligrosos criminales» deportados por el gobierno de Trump en una reunión con su secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense también confirmó la llegada de los inmigrantes, que tildó de «extranjeros enemigos«, y agradeció por su «asistencia y amistad» a Bukele, a quien denominó «el líder más fuerte en el tema de seguridad» de la región y un «gran amigo» del país.

«El Salvador se ha comprometido a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo cual también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes», informó Rubio en X.

El sábado, la Associated Press reportó que los Estados Unidos habían convenido un pago de 6 millones de dólares para aprisionar a 300 supuestos miembros del cártel venezolano por un año, a razón de 20.000 dólares por preso.

Sin embargo, el Gobierno de El Salvador no ha detallado bajo qué ley encarceló a estas personas, dado que no han cometido delitos en el país centroamericano, o si se les aplicó el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales para combatir a las pandillas locales.

Según la organización Human Rights Watch, las detenciones masivas implementadas bajo el régimen de extensión elevaron la población penitenciaria por encima de su capacidad, por lo que hoy las cárceles salvadoreñas someten a sus prisioneros a condiciones de hacinamiento. El CECOT, inaugurado por Bukele en 2023, es la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40,000 reclusos, pero hasta ahora solo 15.000 de ellos eran miembros de la MS-13 y la pandilla rival, Barrio 18.

Muchos estiman que, además del incentivo económico, la decisión del salvadoreño tiene motivos políticos. El criminólogo salvadoreño Misael Rivas opinó que, para Bukele, esta es una oportunidad de mostrar su «capacidad de ayudar» a un «socio importante» de El Salvador. «No llegan a pasear (los presos), estarán bajo un régimen severo«, consideró.

Por su parte, Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, consideró que el traslado de los prisioneros al CECOT es un «enorme negocio» para el Gobierno. «Es un enorme negocio para Bukele, va a sacarle plata a Estados Unidos alquilándole el CECOT sin rendirle cuentas de eso a nadie y sin tener una ley que lo respalde«, sentenció Escobar.