La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la “ley de chatarra” para subastar vehículos y autopartes de los depósitos judiciales en San Juan

La nueva normativa incorpora un capítulo de cuatro artículos que habilitará al Poder Ejecutivo provincial a subastar vehículos retenidos en depósitos judiciales —como el predio de 9 de Julio— que se encuentren en condiciones de recuperar su circulación o de ser aprovechados como autopartes.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la modificación de la Ley 1810-A de Procedimiento para la Disposición Final de Cosas Muebles Peligrosas (conocida como “ley de chatarra”). La nueva normativa incorpora un capítulo de cuatro artículos que habilitará al Poder Ejecutivo provincial a subastar vehículos retenidos en depósitos judiciales —como el predio de 9 de Julio— que se encuentren en condiciones de recuperar su circulación o de ser aprovechados como autopartes.

La iniciativa, que contempla motos, autos y camionetas, busca dar una respuesta definitiva al abarrotamiento de los predios judiciales provinciales. A su vez, combina la medida con los procesos ya vigentes de compactación y transformación de unidades en cubos de chatarra.

Claves de la nueva normativa:

  • Recuperación funcional y autopartes: El Ministerio de Gobierno podrá disponer la subasta pública de aquellos rodados aptos para volver a circular tras recibir reparaciones, así como de vehículos cuyas piezas despierten interés para la reutilización de autopartes.

  • Transparencia: El mecanismo específico de subasta será definido en la reglamentación del Ejecutivo, garantizando publicidad, transparencia y la participación abierta de oferentes, tanto personas humanas como jurídicas.

  • Destino social de los fondos: Los recursos obtenidos a través de las subastas y de la venta de chatarra compactada serán destinados a proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental. Asimismo, financiarán campañas de concientización, programas sociales y asistencia directa a sectores vulnerables, bajo un esquema de rendición pública anual que garantice su trazabilidad.

La norma aprobada deberá ser reglamentada próximamente por el Poder Ejecutivo para dar inicio formal a su implementación en la provincia.

POR LIC. EUGENIA VILA

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