La Bicameral de Inteligencia pidió rechazar decreto de Javier Milei que habilita a la Policía a hacer espionaje

La comisión del Congreso le envió una nota a Martín Menem, titular de Diputados, y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que se frene la normativa. El pedido se dio a conocer en paralelo al pedido del Gobierno de allanar a periodistas.

por Lola Vargas en lunes 1 de septiembre de 2025

La Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso pidió rechazar el decreto 383/2025 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reestructura funciones de la Policía Federal y le otorga tareas de espionaje, algo que, según afirman, contraviene la ley de Inteligencia Nacional Nº25.520. Bajo dicha normativa el Gobierno pidió este lunes allanar a periodistas por los audios de Karina Milei.

La comisión que preside el senador radical Martín Lousteau le envió notas al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para rechazar el Decreto 383/25 del Ejecutivo que transformó la Federal ya que, denuncian, le otorgó potestades de espionaje.

“El Decreto 383/2025, en su artículo 5°, inciso 3°, título I, capítulo II, establece que la PFA tiene como función `desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, sus modificaciones y demás legislación vigente en la materia´. Sin embargo, en el mismo decreto, artículo 6°, inciso 4°, título I, capítulo II, se asigna a la PFA la facultad de realizar ´análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial, lo cual no se encontrará alcanzado por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones, salvo disposición expresa de la autoridad competente´”, cuestionan.

Por ese motivo, para evitar “prácticas de espionaje sin control”, consideraron que se deben establecer los lineamientos que la PFA debe observar en el desarrollo de las tareas previstas, acorde a la Ley N° 25.520 de Inteligencia. “Asimismo, corresponde identificar las actividades alcanzadas y delimitar responsabilidades, a fin de evitar vulneraciones de derechos y prevenir el uso arbitrario de información”, señala la nota que firmaron los integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Para los firmantes, la modificación introducida por el decreto “no solo genera una innecesaria superposición de funciones”, sino que además “debilita el consenso legislativo en torno al carácter público y controlado de la inteligencia estatal, pilar esencial del Estado de Derecho”. Además, compromete la posibilidad de consolidar un sistema unificado y coordinado de inteligencia, sujeto a un control parlamentario robusto y dotado de amplias facultades de supervisión”, concluyeron.

Martín Lousteau cargó contra Bullrich por el pedido de allanamiento a periodistas: “Ataque a la democracia”

El senador y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, presidente de la Bicameral de Inteligencia, en paralelo al pedido de rechazo al decreto, también se refirió al pedido del Poder Ejecutivo de allanar a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, impulsado por la Ministerio de Seguridad, firmante de la normativa, a raíz de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia“, dijo a través de un posteo en “X” y denunció un intento de “violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”.

Para el candidato a diputado, el gobierno de Javier Milei “debería explicar estos hechos” en lugar de “atacar la Constitución y al sistema republicano”. “Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos”, arremetió y acusó al Ejecutivo nacional de querer “amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades”.

Luego, el senador remarcó que tanto la libertad de prensa y el secreto de las fuentes “están protegidos por la Constitución” y denunció la doble vara de la Ministra de Seguridad: “En 2014, Bullrich calificó un allanamiento similar como censura; hoy, como ministra de Seguridad, lo ignora”, criticó.

“Este intento de censura envía un mensaje claro: autocensura por miedo a represalias”, continuó Lousteau y añadió: “La Corte Suprema ha dejado claro que no se puede prohibir la difusión de información, salvo para proteger la intimidad de menores, como en el caso de una niña, sin restringir toda la información”.

Más temprano, el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, cargó contra Bullrich por el pedido de allanamiento a su domicilio tras dar a conocer audios filtrados de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y alertó que “esto se está convirtiendo en un régimen totalitario”.

En C5N, Rial diferenció su postura con respecto a la del Gobierno. “No descartamos material, no somos socios en la corrupción y no tenemos nada que ver con este Gobierno. No interferimos con la Justicia cuando allanan, no les robamos la plata a los discapacitados, no les pegamos a los jubilados ni a los chicos y no queremos cerrar el Garrahan. Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder”, aseveró.

En tal sentido, alertó por el avasallamiento de la administración libertaria sobre la prensa: “Esto es raro y peligroso. Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario. Hay pocos países que se atrevieron a atropellar a la libertad de prensa y pedir allanamientos a medios y periodistas. No pedimos coimas ni tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque para ser eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta”.

Según trascendió, los pedidos de allanamiento impulsados por el Gobierno nacional estarían contemplados dentro del decreto 383/2025, que habilita a ejecutar dichos procedimientos sin orden judicial, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei de avanzar sobre quienes difundieron los audios vinculados a presuntas coimas.