Justicia confirma multa millonaria a Barrick por derrame y rechaza apelación

La empresa había solicitado la anulación de la resolución que impuso la sanción y la restitución del dinero cancelado, junto con los intereses generados hasta la fecha de la sentencia. Sin embargo, la Justicia rechazó la demanda y consagró la sentencia inicial.

El derrame de solución cianurada afectó a los ríos iglesianos Los Potrerillos, Las Taguas y La Palca, provocando un grave daño ambiental y llevando a la provincia a aplicar una de las multas más altas en la actividad minera. Ocho exdirectivos de la empresa fueron procesados ​​por su responsabilidad en el incidente, pero lograron obtener una suspensión de juicio a prueba mediante un acuerdo de probation.

Barrick argumentó que el derrame fue imprevisto e imprevisible, producto de condiciones climáticas extremas que congelaron las tuberías, y que la empresa actuó sin negligencia ni culpa. Sin embargo, la provincia sostuvo que la compañía no había realizado los controles requeridos y que su conducta fue negligente, lo que fue ratificado por el fallo judicial.

La Cámara Civil destacó que la fuga fue anunciada con un retraso considerable, lo que evidenció una conducta negligente por parte de la empresa en el incumplimiento de los planes de acción y monitoreo establecidos. La Justicia concluyó que la demanda presentada por Barrick carece de fundamentos y confirmó la multa impuesta por la provincia.

Con la apelación denegada, Barrick Gold solo tiene una última opción para continuar su disputa legal: llevar el caso ante la Corte de Justicia. Fuentes judiciales indicaron que la empresa podría tomar esta acción en busca de revertir la decisión.

El derrame de 2015 no fue el único incidente que enfrentó a Barrick Gold en la provincia. En los años posteriores, se registraron dos episodios más que también derivaron en multas por parte de las autoridades provinciales.

Este fallo representa un paso importante para la provincia de San Juan en su esfuerzo por hacer cumplir las normativas ambientales y responsabilizar a las empresas mineras por los daños causados ​​a su territorio y recursos naturales.

 

 

Op: Juan Llarena