Jury contra tres jueces: fuertes críticas de los magistrados al abogado que los denunció

La disputa comenzó a partir de una demanda civil iniciada por Carpas Argentinas contra Puccinellia por la rescisión de un contrato de alquiler de módulos y estructuras habitacionales, por un monto de $91 millones. El conflicto derivó en una discusión sobre la validez de la notificación de la demanda y, posteriormente, en una denuncia contra tres magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La demanda fue enviada a un domicilio ubicado en el barrio privado Altos de Meglioli, en Rawson. Según consta en el expediente, el oficial notificador no fue atendido y dejó la documentación en la ventanilla de la garita de ingreso, debajo de una piedra.

Puccinellia no contestó la demanda dentro del plazo correspondiente y la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, declaró decaído su derecho a intervenir en el proceso. El abogado Nicolás Fiorentino, representante de la empresa, cuestionó esa decisión, pidió la nulidad de la notificación y apeló la resolución.

El planteo llegó a la Sala III de la Cámara Civil, integrada por Sergio Rodríguez y Juan Carlos Pérez, quienes el 31 de marzo de este año confirmaron la resolución de primera instancia.

A partir de esas decisiones, Fiorentino denunció a los tres magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Ahora, los jueces presentaron sus informes y el Jurado deberá determinar si corresponde admitir o no la denuncia.

Las respuestas de los jueces

En sus descargos, los tres magistrados rechazaron los argumentos del abogado y cuestionaron especialmente la forma en que planteó la denuncia.

Rodríguez sostuvo que Fiorentino, después de perder la posibilidad de contestar la demanda, actuó por “su propia torpeza y negligencia reiterada” y optó por denunciar a los jueces que intervinieron en el expediente. Según interpretó el camarista, la presentación habría buscado trasladar a los magistrados la responsabilidad por el resultado adverso para su cliente.

Pérez, por su parte, cuestionó las acusaciones de “complicidad, connivencia y corrupción judicial” formuladas por el abogado. Consideró que se trató de un “exceso malintencionado” y remarcó que esas afirmaciones no tenían, a su criterio, sustento legal.

La jueza Tettamanti también rechazó las acusaciones y calificó el planteo como basado en “intenciones aviesas y argumentos infundados”. Además, sostuvo que las expresiones utilizadas por Fiorentino fueron “ofensivas y desproporcionadas” y “absolutamente impropias de un profesional del derecho”.

Por este motivo, la magistrada pidió que las actuaciones sean remitidas al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados para que evalúe si corresponde aplicar alguna sanción.

La discusión por el domicilio

Uno de los puntos centrales del conflicto es el domicilio donde se realizó la notificación de la demanda.

Fiorentino sostuvo que Puccinellia tiene su sede social en Mendoza y domicilio fiscal en Capital, San Juan, y afirmó que el barrio Altos de Meglioli no constituía un domicilio contractual válido. También cuestionó que la notificación pudiera considerarse válida pese a que la documentación fue dejada en la garita de ingreso.

Tettamanti rechazó el planteo el 5 de diciembre de 2025. Según explicó en su informe ante el Jury, el domicilio de Rawson había sido establecido en el contrato firmado entre Carpas Argentinas y Puccinellia. Además, señaló que esa dirección había sido ratificada posteriormente mediante un acuerdo entre las partes.

La magistrada agregó que, antes del inicio de la demanda, Puccinellia había recibido cartas documento en ese mismo domicilio sin formular objeciones.

Los camaristas Rodríguez y Pérez también hicieron referencia a ese punto. Rodríguez destacó que el contrato establecía el domicilio del barrio privado como lugar donde serían válidas las notificaciones.

Pérez sumó otro antecedente: en un expediente paralelo por cobro de honorarios, tramitado ante el Juzgado de Paz de Rivadavia, Puccinellia había sido notificada en la misma dirección y mediante un procedimiento similar. En aquella oportunidad, la empresa contestó la demanda y no planteó la nulidad de la notificación.

También hubo una denuncia penal

Los tres magistrados remarcaron además que Fiorentino había formulado una denuncia penal por prevaricato vinculada con los mismos hechos. Según señalaron en sus descargos, esa presentación fue desestimada inicialmente por el fiscal interviniente y luego por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, tras un pedido de revisión.

Tettamanti sostuvo que el derecho de defensa en juicio no puede utilizarse para justificar las consecuencias derivadas de la falta de actuación de una de las partes. En ese sentido, afirmó que el litigante debe responder por las omisiones propias cuando el perjuicio que invoca es consecuencia de su conducta.

Pérez, en tanto, señaló que las partes cuentan con los mecanismos procesales correspondientes para cuestionar resoluciones judiciales que consideran equivocadas o contrarias a la ley. Sin embargo, advirtió que esos mecanismos no deberían ser reemplazados por una utilización “antojadiza” del Jurado de Enjuiciamiento para cuestionar la actuación de los magistrados.

Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento el que deberá analizar los informes presentados por Tettamanti, Rodríguez y Pérez y resolver si la denuncia de Fiorentino reúne elementos suficientes para avanzar o si corresponde archivarla.