Este 4 de julio se conocerá la sentencia del histórico juicio por fraude con expropiaciones en San Juan, una megacausa que lleva más de una década de investigación y que involucra a exfuncionarios, peritos, fiscales y jueces. Los acusados están señalados por haber cobrado al Estado sumas infladas por terrenos expropiados en zonas estratégicas como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y Canal Benavídez.
Además de las condenas penales, la gran incógnita es si la Justicia ordenará la devolución de los fondos millonarios supuestamente robados al Estado provincial.
El abogado Rubén Pontoriero, representante de la Fiscalía de Estado, explicó que el pedido de condena incluye la aplicación del artículo 29 del Código Penal, que permite exigir a los culpables la reparación del daño económico. Esto se traduciría en el decomiso de bienes para cubrir los montos involucrados. No obstante, aclaró que si el tribunal no incluye esa medida, hay juicios civiles en marcha desde 2016 para exigir el reintegro.
El perjuicio económico fue creciendo con el tiempo. Al inicio se hablaba de 15 millones de dólares, pero hoy se estima que los pagos fraudulentos realizados alcanzan entre 16 y 20 millones de dólares. Si se suman los reclamos judiciales aún activos, como el del Parque de Mayo, la cifra total podría superar los 270 millones de dólares.
Aunque la sentencia que se conocerá este viernes puede incluir penas de hasta 25 años de prisión, los efectos inmediatos dependerán de si el fallo queda firme. Tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas ya anticiparon que apelarán en caso de resolución adversa.
Mientras tanto, el tribunal tiene la posibilidad de mantener embargos y disponer restricciones de salida del país para los imputados, aunque no se espera que haya detenciones inmediatas ya que todos han estado “a derecho” durante el proceso.
Op: Juan Llarena
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