Durante este martes 26 de noviembre, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció en un acto oficial que el Gobierno implementará una nueva norma que prohibirá el traslado de prisioneros a diferentes penales por razones relacionadas con la identidad de género. Esta medida surge tras la presentación de varios hábeas corpus por parte de reclusos que, en su mayoría, argumentaron ser de otro género con el fin de acceder a ciertos beneficios en las cárceles, como una posible reubicación en establecimientos con condiciones más favorables.
En su discurso, realizado en el marco de la ceremonia de Entrega de Sables y despachos a las Fuerzas Armadas, el presidente subrayó que los traslados por identidad de género son, en muchos casos, una estrategia para «obtener ventajas» dentro del sistema penitenciario, como la posibilidad de recibir visitas de hombres, o para mantener redes de negocios ilícitos desde prisión. Además, señaló que hay otros casos de prisioneros que se han beneficiado de este tipo de solicitudes, argumentando que la medida tiene como objetivo «proteger a las víctimas del delito» y evitar que los criminales puedan seguir operando desde la cárcel.
Uno de los casos que motivó la medida fue el de Ariel «Guille» Cantero, líder de la banda criminal «Los Monos», quien actualmente cumple una condena de 113 años de prisión. Cantero, según los informes, habría solicitado su traslado a una cárcel de mujeres amparándose en su supuesta autopercibida identidad femenina. Milei manifestó que estos intentos de manipular el sistema penitenciario representan una «aberración» y una «barbaridad», asegurando que con su administración esta práctica será erradicada.
Asimismo, Milei hizo un llamado a los gobiernos provinciales para que adhieran a esta política y adopten la misma normativa en sus respectivos sistemas penitenciarios. En sus palabras, las provincias que no implementen la medida estarían, de alguna manera, «premiando la creatividad de los criminales» y faltando al respeto a las víctimas de los delitos cometidos. En su intervención, estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien respaldó la iniciativa del presidente.
Al finalizar el acto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la postura del Gobierno a través de su cuenta en X (ex Twitter), donde escribió: «Los delincuentes ya no podrán solicitar el cambio de penal en el que estén alojados amparándose en cuestiones de identidad de género. Sentido común. Fin», dando por cerrada la discusión sobre el tema.
La medida generó un amplio debate en la sociedad, con opiniones divididas sobre su legalidad y la interpretación de los derechos de las personas transgénero. Sin embargo, el gobierno insiste en que la prioridad es garantizar el orden y la seguridad en el sistema penitenciario, y evitar que los reclusos puedan manipular el sistema para obtener beneficios indebidos.
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