El escándalo en torno al uso de fondos públicos destinados a los comedores populares sigue creciendo y ahora involucra a la provincia de San Juan. La Oficina Anticorrupción (OA) descubrió una serie de irregularidades en las rendiciones de cuentas de las organizaciones sociales encargadas de gestionar estos comedores, que recibían millonarios subsidios del Estado para garantizar la alimentación de sectores vulnerables.
Uno de los casos más destacados se refiere a la “Asociación Civil 18 de Diciembre por el Inmigrante”. Esta organización presentó una factura sospechosa por la compra de barbijos emitida por un supuesto empleado de la Municipalidad de San Vicente. Lo extraño es que el proveedor estaba inscripto en el monotributo solo tres meses antes y la factura correspondía a un rubro ajeno a la compra de insumos de salud. Además, la misma organización presentó facturas emitidas por otro empleado municipal, pero de Lomas de Zamora, por la venta de alimentos, un rubro para el que no estaba registrado según los datos oficiales de la AFIP.
A lo largo de la investigación, la OA descubrió otros casos de facturación irregular, como duplicación de facturas y proveedores que figuran en múltiples organizaciones. Entre las irregularidades más graves destaca el hecho de que proveedores como «Brumar» de Puerto Madryn o “Percara César Javier” vendieron mercadería a diferentes asociaciones sin una justificación clara, lo que sugiere posibles maniobras fraudulentas.
Además, la investigación reveló que varios proveedores registrados en la AFIP para rubros ajenos a la venta de alimentos facturaron por productos no relacionados con su actividad habitual, lo que incrementa la sospecha de una red de fraude. Ejemplo de esto es una carnicería que emitió facturas por productos de almacén, algo que no corresponde a su rubro.
Este escándalo también pone de relieve la falta de control en el sistema, ya que muchos comedores y merenderos que recibían subsidios nunca funcionaron o lo hicieron por poco tiempo. Según una auditoría del Ministerio de Capital Humano, el 47,5% de los comedores nunca funcionaron o ya dejaron de hacerlo, y un 27% de los datos de preinscripción no coincidían con la realidad.
La Oficina Anticorrupción ya presentó evidencias que podrían implicar a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por no haber controlado adecuadamente las rendiciones. La causa se encuentra bajo investigación, y aunque aún no hay imputados concretos, la OA pidió que se citen a varias personas y que se profundicen las investigaciones sobre las asociaciones y cooperativas implicadas. Sin embargo, la Fiscalía de la causa ha respondido que aún no existen suficientes pruebas para tomar medidas más drásticas.
Este caso ha puesto en evidencia un sistema de control insuficiente y plantea serias dudas sobre el destino de los fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables. La sociedad sigue esperando respuestas ante un posible caso de defraudación masiva.
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